Reconfiguran los juzgados de violencia de género en Santa Cruz de Tenerife para garantizar la seguridad de las víctimas
El Gobierno de Canarias ha reconfigurado los juzgados de violencia de género en Santa Cruz de Tenerife para garantizar la seguridad y privacidad de las víctimas mediante la segregación de flujos y la creación de espacios asistenciales adaptados.
La reconfiguración de los espacios judiciales destinados a la violencia de género en Santa Cruz de Tenerife marca un punto de inflexión en la gestión de la protección a las víctimas en Canarias. Tal y como recoge la información facilitada por la Consejería de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, el Ejecutivo regional ha concluido una intervención estructural destinada a subsanar las carencias operativas que arrastraba la centralización de los juzgados de La Laguna, Güímar y la capital tinerfeña en el Palacio de Justicia de Tres de Mayo.
El núcleo de esta actuación, liderada por la consejera Nieves Lady Barreto, responde a una necesidad imperativa de garantizar la seguridad física y emocional durante el proceso judicial. Históricamente, la arquitectura de las sedes judiciales ha sido señalada por colectivos y expertos como un factor de revictimización, al obligar a las mujeres a compartir espacios de tránsito con sus presuntos agresores. Para mitigar este riesgo, la administración ha optado por una solución mixta: la reubicación de uno de los juzgados en el edificio El Cabo y la reestructuración interna del otro, logrando un incremento de 250 metros cuadrados en la superficie total dedicada a esta jurisdicción.
La intervención técnica ha priorizado la compartimentación de los flujos de personas. La implementación de un acceso independiente dotado de doble puerta y la creación de recorridos internos que conectan las salas de atención a víctimas directamente con la sala de vistas —evitando así el tránsito por pasillos comunes— constituyen una mejora sustancial en los protocolos de protección. A estas medidas se suma la instalación de sistemas de aislamiento acústico, una dotación fundamental para preservar la confidencialidad en un ámbito donde la privacidad es un requisito indispensable para el ejercicio del derecho a la tutela judicial efectiva.
El proyecto no se limita a la segregación de espacios, sino que integra una visión más asistencial del entorno judicial. La habilitación de salas de atención específicas, incluyendo una zona adaptada para menores, responde a la complejidad de los casos de violencia de género, donde la presencia de hijos e hijas requiere entornos menos hostiles. La reforma se completa con una sala polivalente para el asesoramiento letrado, la redistribución de despachos y la modernización de las instalaciones lumínicas, aprovechando parte del mobiliario preexistente para optimizar los recursos públicos. Con esta reordenación, el Gobierno canario busca corregir el déficit de infraestructura que, hasta la fecha, dificultaba una atención digna y segura en uno de los ámbitos más sensibles de la administración de justicia.