Desarticulan en Tenerife una estafa inmobiliaria de 100.000 euros con terrenos rústicos no edificables
La Guardia Civil ha desarticulado en Tenerife una trama que estafó más de 100.000 euros a 108 personas mediante la venta fraudulenta de terrenos rústicos no urbanizables a través de redes sociales.
La crisis habitacional que atraviesa el archipiélago canario, agravada en el sur de Tenerife por la presión turística y la escasez de oferta residencial, ha servido de caldo de cultivo para una operativa delictiva de gran alcance. Tal y como ha informado la Guardia Civil, el Área de Investigación del puesto principal de Granadilla de Abona ha desarticulado una trama de estafa continuada que, durante el último año y medio, logró captar más de 100.000 euros mediante la comercialización fraudulenta de terrenos rústicos.
La mecánica del engaño, que ha afectado a 108 personas, se articulaba a través de redes sociales. Los presuntos responsables utilizaban Facebook para publicitar parcelas de 1.000 metros cuadrados en los parajes de Llano del Letrado y Hoya Las Perdices, prometiendo la posibilidad de edificar viviendas con zonas ajardinadas y piscinas. El reclamo principal era un precio altamente competitivo —15 euros por metro cuadrado—, lo que permitía a los interesados reservar el terreno mediante una señal inicial de 1.000 euros.
Sin embargo, el análisis técnico realizado por los investigadores ha confirmado que la realidad urbanística de estos suelos es incompatible con cualquier desarrollo residencial. Al tratarse de terrenos clasificados como rústicos de uso agrícola en el Plan General de Ordenación, la edificación es inviable. Los agentes constataron, además, que los detenidos carecían de cualquier título de propiedad sobre las fincas ofertadas. Los titulares registrales de dichos terrenos, al ser contactados por las fuerzas de seguridad, confirmaron que no solo no habían autorizado la venta, sino que desconocían por completo cualquier proyecto de segregación o urbanización en sus propiedades.
El fraude se sostenía mediante una estrategia de dilación. Ante las dudas de los compradores sobre la falta de avances en las obras, los implicados recurrían a excusas recurrentes, llegando a asegurar falsamente que existían procesos en curso para modificar la calificación urbanística del suelo. Cuando los afectados, ante la sospecha de irregularidades, intentaban confrontar a los promotores, estos se desvinculaban de la responsabilidad atribuyéndola a su socio o a terceras partes.
Tras la recopilación de testimonios y la verificación de las referencias catastrales, la Guardia Civil procedió a la detención de los dos sospechosos, quienes ya han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Granadilla de Abona. Este caso pone de relieve la vulnerabilidad de los ciudadanos ante la desesperación por acceder a una vivienda en un mercado tensionado, donde la falta de escrúpulos de los estafadores explota la necesidad de familias y particulares que, en su búsqueda de una solución habitacional, terminan siendo víctimas de promesas urbanísticas carentes de cualquier respaldo legal.