Crisis asistencial en Canarias: el párkinson sufre esperas de hasta siete años y falta de recursos públicos
La Asociación Párkinson Tenerife denuncia ante el Parlamento regional una crisis asistencial en Canarias marcada por esperas de hasta siete años, falta de recursos especializados y una descoordinación que obliga al tercer sector a suplir las carencias del sistema público.
La atención a las enfermedades neurodegenerativas en Canarias atraviesa una crisis de gestión que trasciende la mera escasez de recursos, consolidando una brecha asistencial donde el lugar de residencia determina la calidad de vida del paciente. Tal y como ha expuesto la directora de la Asociación Párkinson Tenerife, Nayra González, durante su comparecencia en el Parlamento regional, el sistema público de salud se muestra incapaz de absorber la demanda actual, obligando a las entidades del tercer sector a suplir carencias estructurales que, de otro modo, quedarían desatendidas.
El diagnóstico de la situación es alarmante: los pacientes enfrentan esperas de hasta siete años para confirmar la patología, un periodo crítico dado que la enfermedad progresa de forma silenciosa décadas antes de la manifestación clínica. Esta demora se ve agravada por una formación insuficiente en los niveles de atención primaria, lo que impide una detección temprana y una derivación ágil a los especialistas. La problemática se intensifica en las islas no capitalinas, donde las revisiones médicas llegan a demorarse hasta dos años, contraviniendo los estándares mínimos de seguimiento clínico.
La realidad operativa de la asociación, que en 2025 gestionó más de 12.000 intervenciones para un colectivo de 200 personas, refleja el colapso del sistema: la lista de espera de la entidad es prácticamente equivalente al número de usuarios que ya reciben tratamiento. Este desbordamiento se produce en un contexto de creciente incidencia de casos de inicio temprano —pacientes menores de 50 años—, un perfil demográfico que requiere una respuesta adaptada a sus necesidades laborales y familiares, las cuales difieren sustancialmente de las asociadas a la geriatría tradicional.
La falta de un registro oficial actualizado de personas afectadas por parkinsonismos en el archipiélago impide, a juicio de la experta, el diseño de políticas públicas basadas en datos reales. Esta invisibilidad estadística se traduce en una estrategia autonómica que, aunque existente, carece de indicadores de cumplimiento y objetivos operativos. La propuesta de implementar la figura del "gestor de casos" —un profesional encargado de coordinar el itinerario del paciente, que puede llegar a interactuar con hasta 16 especialistas distintos— sigue siendo una declaración de intenciones sin concreción presupuestaria ni organizativa.
La precariedad se extiende a la cartera de servicios públicos, que actualmente excluye disciplinas fundamentales para el abordaje integral de la enfermedad, como la logopedia, la fisioterapia, la terapia ocupacional o el apoyo psicológico. La directora de la entidad ha subrayado que la ausencia de una coordinación efectiva entre los servicios sanitarios y sociales, sumada a la falta de rigor en la evaluación previa a tratamientos complejos como la estimulación cerebral profunda, sitúa a los pacientes en una posición de vulnerabilidad. En última instancia, la demanda de las asociaciones es clara: la integración real de los colectivos de pacientes en la toma de decisiones y la profesionalización de la continuidad asistencial son pasos ineludibles para evitar que el párkinson continúe siendo una patología relegada a la periferia de la agenda política canaria.