La comunidad educativa de Erjos rechaza la supresión de una unidad docente en su centro rural

La viabilidad de los centros educativos en el ámbito rural canario vuelve a estar en el centro del debate tras conocerse la intención de la Consejería de Educación de suprimir una de las dos unidades docentes del CEIP Erjos, ubicado en la zona limítrofe entre El Tanque y Los Silos. Tal y como recoge la información publicada recientemente, esta medida administrativa, justificada por el departamento autonómico debido a la baja ratio de alumnos, amenaza con aglutinar en un único espacio a los 14 estudiantes actuales, cuyas edades oscilan entre los tres y los 11 años.

La reestructuración planteada no solo implica la reducción de la plantilla docente, sino que plantea serios interrogantes sobre la calidad pedagógica y la atención a la diversidad. La comunidad educativa ha expresado su profunda inquietud ante la complejidad de gestionar en un aula única a menores con perfiles académicos dispares, entre los que se incluyen casos de necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE) y trastornos de conducta. La presidenta de la Asociación de Madres y Padres (AMPA), María Inés Torres Álvarez, ha subrayado que la unificación obligaría a la dirección del centro a asumir una carga lectiva desproporcionada, comprometiendo el seguimiento personalizado que requieren alumnos con dificultades de aprendizaje, como la dislexia.

Más allá de la gestión interna, el conflicto pone de relieve la fragilidad de los servicios públicos como herramientas de fijación de población en el territorio. Las familias sostienen que la cifra de 14 alumnos es coyuntural y no refleja la demanda real, señalando que la falta de oferta de vivienda en alquiler en el entorno rural de Erjos está actuando como un freno para la llegada de nuevas familias que ya habían mostrado interés en matricular a sus hijos en el centro. Este fenómeno ilustra la interdependencia entre las políticas de vivienda y el mantenimiento de las infraestructuras educativas en las zonas menos pobladas.

Ante la falta de una respuesta formal por parte de la Consejería —a pesar de haber elevado sus reclamaciones a diversas instancias administrativas—, el colectivo ha decidido hacer pública su postura. El AMPA defiende que la escuela rural cumple una función social que trasciende la mera instrucción académica, facilitando la conciliación familiar al permitir que los menores permanezcan en su núcleo de residencia. En su escrito de protesta, las familias instan al Ejecutivo regional a reconsiderar la supresión de la unidad, solicitando que se apliquen criterios de evaluación que contemplen la singularidad de los entornos rurales y el impacto que el recorte de servicios básicos tiene sobre el futuro demográfico de la zona.