Las AMPAS de Canarias rechazan la ley de autoridad docente por considerarla insuficiente y desconectada de la realidad escolar
Las federaciones de Ampas en Canarias rechazan la futura ley de autoridad docente por considerarla innecesaria y reclaman un enfoque centrado en la inversión en recursos y la participación de la comunidad educativa.
El debate sobre la futura ley de autoridad docente en Canarias ha entrado en una fase de alta tensión política y social. Tal y como ha trascendido tras la reciente comparecencia en la Comisión de Educación del Parlamento regional, las federaciones de asociaciones de madres y padres de alumnos (Ampas) han manifestado un rechazo frontal a la propuesta legislativa, calificándola de insuficiente y desconectada de las carencias estructurales que lastran el sistema educativo en el archipiélago.
La postura de las familias, articulada a través de representantes de las federaciones de Gran Canaria-Galdós y Fuerteventura, sostiene que la norma incurre en una redundancia jurídica, dado que el marco legal vigente ya contempla la potestad del profesorado. A juicio de los colectivos, el texto legislativo pone el foco en una supuesta erosión de la autoridad docente que, según los datos aportados por las familias, no se corresponde con la realidad estadística de los centros. En este sentido, se ha cuestionado la pertinencia de una ley que, según las Ampas, ignora problemáticas de mayor calado, como el acoso escolar —vinculado al 70% de los suicidios de menores—, la incidencia del bullying (que afecta al 10,2% del alumnado) o la falta de preparación del profesorado para detectar situaciones de desprotección, una carencia reconocida por el 63% de los docentes.
El núcleo de la discrepancia reside en el modelo de gestión de la convivencia. Mientras que el Ejecutivo autonómico y sectores parlamentarios, como el Partido Popular, sitúan los conflictos escolares entre las principales preocupaciones del sistema, las familias denuncian que la ley se ha redactado sin una participación efectiva de la comunidad educativa. Las propuestas de las Ampas pasan por un cambio de paradigma: abandonar el actual anteproyecto en favor de un proceso participativo que involucre al Consejo Escolar de Canarias (CEC), blindando sus informes como preceptivos, y priorizando la inversión en infraestructuras y la reducción de ratios sobre las medidas punitivas.
La preocupación se extiende, de manera particular, a la protección de los estudiantes con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE). Las familias advierten que la nueva normativa podría derivar en una vulneración de derechos al no establecer garantías claras frente a sanciones que, en ocasiones, no distinguen entre conductas disruptivas y manifestaciones propias de una discapacidad. Ante este escenario, los colectivos reclaman la creación de un Observatorio de Convivencia y una dirección general específica para alumnado y familias, argumentando que la crispación en las aulas no emana de una falta de autoridad, sino de la escasez de recursos especializados —psicólogos, trabajadores sociales y mediadores— necesarios para atender la diversidad.
Este episodio recuerda a las controversias legislativas vividas hace más de una década en Madrid, donde normas de corte similar fueron objeto de críticas por parte de sindicatos y agentes sociales al considerarlas ineficaces para resolver la complejidad de la vida escolar. Las Ampas insisten en que, aunque el respaldo institucional al profesorado es necesario, este debe articularse mediante la corresponsabilidad y no a través de una ley que, según denuncian, termina señalando a las familias como responsables del deterioro de la convivencia.