Licitan la construcción de 59 viviendas de protección oficial en Arona para paliar la crisis habitacional
El Gobierno de Canarias ha licitado la construcción de 59 viviendas de protección oficial en Arona con una inversión de 16 millones de euros, financiadas mediante fondos europeos para fomentar el alquiler social en el sur de Tenerife.
La crisis habitacional en el archipiélago canario, marcada por una escasez estructural de oferta residencial asequible, ha recibido un nuevo impulso administrativo con la reciente apertura del proceso de licitación para la construcción de 59 inmuebles de protección oficial en el municipio tinerfeño de Arona. Según la información facilitada por la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, este movimiento se integra en una hoja de ruta más amplia que busca mitigar la tensión en el mercado inmobiliario de la zona sur de la isla.
El proyecto, que se ubicará en la parcela Marazul de la calle Astrón, cuenta con una dotación presupuestaria de 16.002.609,63 euros y contempla, además de las unidades habitacionales, la creación de 59 plazas de aparcamiento. Esta intervención no es un hecho aislado, sino que constituye una pieza fundamental dentro de un bloque de tres lotes que el Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI), bajo la dirección de Pino de León, ha diseñado para los municipios de Arona, Guía de Isora y Adeje. En conjunto, esta estrategia pretende añadir 134 nuevas viviendas al parque público, con una inversión total que asciende a 29.847.469,87 euros, excluyendo el IGIC.
La relevancia de esta operación radica en su modelo de financiación, ya que los fondos provienen del Programa 6 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Estos recursos, vinculados a los fondos europeos Next Generation EU, están específicamente destinados a fomentar el alquiler social mediante criterios de eficiencia energética, un requisito indispensable en el actual marco normativo de la Unión Europea para la edificación sostenible.
Este despliegue en el sur de Tenerife se suma a una cifra global de 1.137 viviendas protegidas que, en la actualidad, se encuentran en distintos estadios de tramitación o construcción en la isla. Desde el Ejecutivo autonómico insisten en que la prioridad es la identificación y adquisición de suelo público en diversos términos municipales, una medida necesaria para corregir el desequilibrio entre la demanda real de la población y la oferta disponible. La apuesta por el alquiler asequible se perfila, así, como el eje vertebrador de la política de vivienda del Gobierno regional para los próximos ejercicios, tratando de dar respuesta a un sector de la población que ha quedado desplazado por el encarecimiento de los precios en el mercado libre.