La Diputación del Común alerta de un colapso en los servicios públicos y la protección social en Canarias
El informe anual de la Diputación del Común alerta sobre el agotamiento administrativo y la fractura estructural en los servicios públicos de Canarias, destacando graves deficiencias en la sanidad, la protección a la infancia y la gestión de la vivienda.
La radiografía social de Canarias presentada por la Diputación del Común ante el Parlamento regional ha puesto de manifiesto una fractura estructural en los servicios públicos básicos, con especial incidencia en la sanidad y la protección a la infancia. Según el informe anual correspondiente a 2025, cuya exposición corrió a cargo de la titular de la institución, Dolores Padrón, el sistema autonómico atraviesa una fase de agotamiento administrativo que compromete la cohesión social del archipiélago.
Uno de los puntos críticos señalados por la institución es la gestión del Hospital Universitario de Canarias (HUC). Tras una investigación de oficio, la Diputación ha instado a la puesta en marcha de una auditoría externa inmediata para evaluar el funcionamiento de su área de urgencias. El diagnóstico de Padrón es contundente: el centro tinerfeño es un síntoma de una obsolescencia generalizada en el modelo sanitario regional, donde la escasez de recursos humanos ha llegado a extremos como la supervisión solitaria de una treintena de pacientes por parte de un médico residente. Asimismo, la institución ha cuestionado el argumento recurrente que vincula el colapso de las urgencias con la falta de plazas sociosanitarias, calificando de insuficiente esta justificación para explicar la saturación hospitalaria.
Más allá del ámbito sanitario, el documento parlamentario subraya la vulnerabilidad de los menores en las islas. Con un marco normativo que acumula un cuarto de siglo sin una actualización integral, la Diputación advierte que las cifras oficiales de pobreza y exclusión social —que sitúan a cerca del 40% de la población en riesgo— podrían ser conservadoras al no computar a los menores bajo tutela institucional. La propuesta de la Diputada del Común pasa por una reestructuración profunda que trascienda la mera gestión de protocolos, abogando por una coordinación interdepartamental efectiva entre Educación, Sanidad y Servicios Sociales, además de un cumplimiento estricto del objetivo legal de destinar el 5% del PIB regional a la enseñanza.
La brecha de género es otro eje transversal en las quejas ciudadanas recibidas durante el pasado ejercicio. De las 3.572 reclamaciones tramitadas, una mayoría significativa fue interpuesta por mujeres, destacando especialmente el ámbito de la vivienda, donde el 68% de las denuncias provienen de familias monomarentales o víctimas de violencia machista. Este fenómeno se suma al incremento del 7,36% en las quejas sobre derechos sociales, con la renta canaria como principal motivo de conflicto administrativo.
El informe, que suma más de 29.000 actuaciones, revela una tendencia preocupante: la dependencia del bienestar social respecto a los "esfuerzos invisibles" de las familias y el tercer sector. Ante el déficit de personal en áreas clave como el Instituto Canario de la Vivienda o los servicios de atención a la dependencia, la Diputación alerta de que el silencio administrativo está provocando un "colapso vital" en los ciudadanos más desprotegidos. Pese a que el 70% de las quejas obtuvieron una resolución favorable, la institución insiste en que la falta de medios humanos en la propia administración pública es el principal obstáculo para garantizar la equidad y el cumplimiento de los derechos fundamentales en Canarias.