Canarias urge a renovar su gestión ambiental ante la presión turística y el deterioro del suelo
El Gobierno de Canarias se plantea una reforma urgente de sus políticas ambientales ante la presión turística, la degradación del suelo y la necesidad de actualizar la gestión de sus parques nacionales.
La gestión del patrimonio natural canario se encuentra en una encrucijada donde la presión turística y la degradación del terreno exigen una revisión profunda de las políticas públicas. Tal y como recoge Prensa Ibérica tras el foro celebrado esta semana en el Museo de Naturaleza y Arqueología (MUNA), el Ejecutivo regional ha reconocido la necesidad de actualizar un marco normativo que, hasta la fecha, ha operado con herramientas obsoletas frente a los desafíos climáticos actuales.
El consejero de Transición Ecológica y Energía, Mariano Hernández Zapata, ha puesto el foco en la urgencia de desbloquear los planes rectores de los cuatro parques nacionales del Archipiélago. Esta medida resulta imperativa si se considera que estas áreas protegidas han recibido más de ocho millones de visitantes a lo largo de 2025, una cifra que tensiona la capacidad de carga de unos ecosistemas que, por su elevado nivel de endemismos, poseen una relevancia estratégica a escala global. En este sentido, la administración autonómica ha comenzado a tramitar la creación de un parque nacional marino en la isla de El Hierro, un proyecto que, según el director general de Medio Natural, Miguel Ángel Morcuende, requiere de un incremento en la dotación presupuestaria para garantizar su viabilidad.
El diagnóstico técnico presentado durante el encuentro subraya una problemática estructural: la pérdida de calidad de los suelos. Según los datos expuestos por Marisa Tejedor, presidenta del Comité Científico de las Reservas de la Biosfera, cerca del 40% de la superficie regional sufre procesos de deforestación y una alteración severa de sus propiedades químicas y físicas, agravada por el uso de aguas de riego deficientes. Este deterioro, sumado a la vulnerabilidad frente a los incendios forestales, ha llevado a los expertos a reclamar una mayor sinergia entre las instituciones académicas y los organismos públicos.
El debate también ha servido para poner sobre la mesa la viabilidad de implementar tasas ambientales finalistas. Los especialistas participantes —entre los que se encontraban representantes de la gestión de incendios, la divulgación científica y la administración— han coincidido en que cualquier gravamen de esta naturaleza debe tener un destino exclusivo para la conservación del territorio. Asimismo, el consenso entre los ponentes ha sido total al señalar que la comunicación pública sobre la crisis climática debe transformarse; el objetivo es superar el plano teórico y lograr una concienciación ciudadana efectiva que reconozca la protección del medio ambiente no solo como una obligación ética, sino como un pilar fundamental para la salud pública y la sostenibilidad del sector primario.