Canarias impulsa la construcción de vivienda pública mediante la colaboración entre administraciones
El Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife y el Ayuntamiento de Santa Cruz impulsan la construcción de vivienda pública mediante una inversión conjunta de 25 millones de euros para mitigar la crisis habitacional en la capital tinerfeña.
La crisis habitacional en Canarias ha forzado un cambio de paradigma en la gestión pública, donde la coordinación entre administraciones se ha convertido en la herramienta principal para intentar frenar el déficit de oferta residencial. Según ha trascendido tras la reciente visita institucional a las obras en el barrio de María Jiménez, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, el Cabildo insular y el Gobierno autonómico han consolidado una hoja de ruta común que busca materializar la entrega de 37 inmuebles protegidos a principios del próximo año.
Este proyecto, que cuenta con una inversión de adjudicación superior a los 4,4 millones de euros, no es un hecho aislado, sino una pieza dentro de un engranaje financiero mayor. La colaboración interadministrativa ha movilizado un presupuesto global de 25 millones de euros, de los cuales el Ejecutivo regional aporta 19 millones y la corporación insular otros 6 millones. Por su parte, el consistorio capitalino ha facilitado la viabilidad de estas actuaciones mediante la cesión de suelo urbanizado, valorado en más de 525.000 euros para esta promoción específica, y terrenos adicionales en Cuevas Blancas tasados en cerca de 7,6 millones de euros, donde se proyectan otras 226 unidades residenciales.
La relevancia de esta intervención radica en la tipología de las viviendas, diseñadas para responder a diversas estructuras familiares. El edificio en construcción, cuya ejecución se inició en octubre de 2024 y tiene como fecha de entrega febrero de 2027, integrará desde unidades de un dormitorio hasta una vivienda tutelada de cinco, incluyendo dos espacios adaptados para personas con movilidad reducida y 37 plazas de garaje.
Desde una perspectiva técnica, el éxito de estas promociones depende de la agilidad administrativa previa a la licitación. La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, ha señalado que la capacidad de respuesta ante la demanda social está supeditada a la resolución de los expedientes burocráticos antes de la llegada de los fondos. Este enfoque se alinea con la estrategia del Gobierno de Canarias, que actualmente mantiene en fase de ejecución o planificación más de 6.000 viviendas en el archipiélago, con el objetivo de mitigar la presión sobre el mercado de alquiler y evitar el desplazamiento de la población local.
Para el alcalde José Manuel Bermúdez, la capital tinerfeña se ha erigido como el epicentro de la edificación pública en la isla, concentrando más del 50% de las obras en curso. La celeridad en la finalización de los bloques en María Jiménez y el inicio previsto para este verano de las obras en Cuevas Blancas representan, a juicio de los responsables públicos, la prueba de que la cooperación entre niveles de gobierno es el único mecanismo eficaz para garantizar el derecho a una vivienda digna en un contexto de escasez de oferta.