Imputado el director general de Costas de Canarias por el caso Cuna del Alma
La magistrada Sandra Peraza ha citado como investigado al director general de Costas del Gobierno de Canarias, Antonio Acosta, por presuntas irregularidades en la autorización del proyecto urbanístico Cuna del Alma en Adeje.
La instrucción judicial sobre el complejo urbanístico Cuna del Alma, en el Puertito de Adeje, ha alcanzado un punto de inflexión con la reciente decisión de la magistrada Sandra Peraza, titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Arona, de citar como investigado al director general de Costas del Gobierno de Canarias, Antonio Acosta. Tal y como ha trascendido en las últimas horas, esta medida marca la primera vez que un alto cargo del Ejecutivo regional es llamado a declarar en el marco de una causa que examina posibles delitos contra la ordenación del territorio y el medio ambiente, así como presuntas irregularidades administrativas en la concesión de permisos para la ocupación de la servidumbre de protección del litoral.
La citación de Acosta, fijada para el próximo 14 de septiembre, responde a una solicitud de la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife, que sostiene la existencia de indicios delictivos en la autorización otorgada para la construcción de dotaciones privadas —incluyendo un club de playa, restaurante y solárium— en una franja costera donde la normativa estatal, concretamente la Ley 22/1988 de Costas, restringe severamente cualquier intervención salvo en supuestos extraordinarios. Este movimiento judicial se suma a las comparecencias ya programadas para el 13 de agosto, en las que deberán prestar declaración el jefe del Servicio de Ordenación del Litoral Oriental, Valeriano Díaz, y los responsables de la promotora Segunda Casa Adeje SL.
El caso, que fue reabierto a principios de este año tras un archivo inicial, pone bajo la lupa la gestión de un proyecto de gran envergadura que contempla más de 4.400 plazas turísticas y residenciales sobre una superficie de 430.000 metros cuadrados. La magistrada Peraza ya ordenó el pasado 8 de abril la paralización cautelar de las obras en una superficie de 2.394 metros cuadrados, al considerar que no concurrían las circunstancias excepcionales necesarias para justificar la ocupación de la servidumbre de paso.
Desde la Consejería de Obras Públicas del Gobierno de Canarias han manifestado su disposición a colaborar con la justicia, defendiendo que la tramitación del expediente se ajustó a los criterios técnicos y a la legalidad vigente. Por su parte, la promotora Segunda Casa Adeje SL ha restado importancia a la suspensión, calificándola como un procedimiento administrativo ordinario que afecta a una fracción mínima del proyecto global, y ha reiterado su confianza en que la documentación técnica permitirá retomar las obras, tal como ha ocurrido en anteriores ocasiones.
La controversia en torno a Cuna del Alma no es nueva; el proyecto ha sido objeto de una intensa contestación social desde su origen, motivada por el impacto sobre yacimientos arqueológicos y especies protegidas. Aunque el actual Ejecutivo regional ha respaldado la continuidad de la urbanización tras archivar expedientes previos, la vía penal abierta en Arona introduce una nueva variable de incertidumbre jurídica. La investigación, que abarca presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y falsedad documental, se centra ahora en determinar si la administración regional sobrepasó sus competencias al autorizar instalaciones privadas en un área de especial protección ambiental.