Candelaria externaliza la gestión urbanística con el Colegio de Arquitectos para agilizar licencias de obra
El Ayuntamiento de Candelaria se alía con el Colegio de Arquitectos de Tenerife para externalizar la redacción de informes técnicos y agilizar la concesión de licencias de obra, combatiendo así la parálisis administrativa en el urbanismo municipal.
La externalización de la gestión urbanística se consolida como una vía de urgencia para desatascar la parálisis administrativa que afecta a los ayuntamientos canarios. Tal y como recoge el diario El Día, el Ayuntamiento de Candelaria ha formalizado una alianza estratégica con el Colegio Oficial de Arquitectos de Tenerife, La Gomera y El Hierro (Coactfe) para delegar la redacción de informes técnicos de licencias de obra, una medida que busca poner fin a la acumulación de expedientes pendientes.
Este movimiento, amparado en el marco normativo del Decreto ley 3/2025, permite que la corporación municipal subcontrate la validación técnica de proyectos. Bajo este esquema, el Colegio de Arquitectos asumirá la elaboración de los informes que, tradicionalmente, recaían en exclusiva sobre los funcionarios de la oficina técnica local. Una vez emitidos por la entidad colegial, los documentos se trasladarán directamente a los servicios jurídicos del consistorio para su ratificación final, un proceso que pretende reducir los tiempos de espera a un máximo de tres meses para los 18 expedientes que integran esta fase inicial.
La medida responde a una problemática estructural en el Archipiélago, donde la falta de personal en las áreas de urbanismo ha provocado que la tramitación de una licencia pueda extenderse, en casos extremos, hasta los cuatro años. Esta demora no solo afecta a la seguridad jurídica de los ciudadanos, sino que actúa como un freno directo para la inversión privada y la edificación de nuevas viviendas. Mientras que en capitales como Santa Cruz de Tenerife los plazos de resolución oscilan entre medio año y doce meses, la situación en municipios de menor tamaño ha forzado a los gobiernos locales a buscar fórmulas de colaboración público-privada para cumplir con sus obligaciones legales de respuesta.
Desde el equipo de gobierno de Candelaria, la alcaldesa Mari Brito y el responsable de Urbanismo, Reinaldo Triviño, han justificado esta inversión de 23.364 euros —destinada exclusivamente a sufragar los costes operativos del servicio sin margen de beneficio— como una herramienta para garantizar la celeridad sin comprometer la seguridad técnica. El convenio, que tendrá una vigencia de doce meses prorrogables, se presenta como una solución coyuntural ante la crisis habitacional, permitiendo que la administración local recupere el ritmo en la concesión de permisos de construcción y rehabilitación.