El autocaravanismo en Canarias exige una regulación urgente ante el vacío legal y el auge del sector
El sector del autocaravanismo en Canarias reclama una urgente regulación legal y la superación de las trabas en la Ley del Suelo para consolidar su creciente impacto económico y resolver la inseguridad jurídica que afecta a más de 15.000 vehículos en el Archipiélago.
El sector del autocaravanismo en Canarias ha dejado de ser una actividad marginal para convertirse en un fenómeno con un impacto económico creciente, una realidad que, sin embargo, choca frontalmente con una inseguridad jurídica que se prolonga desde hace más de una década. Tal y como ha trascendido recientemente, el colectivo, representado por la Asociación Canaria de Autocaravanistas (ACAT), ha intensificado su presión institucional tras una movilización masiva en Tenerife que congregó a 423 vehículos, una cifra que ilustra el descontento de un segmento que ya supera las 15.000 unidades matriculadas en el Archipiélago, con un ritmo de crecimiento anual superior al 10%.
La raíz del conflicto reside en un vacío normativo que se remonta a la reforma de la Ley de Ordenación del Turismo de 2009, la cual eliminó las referencias a los campamentos de turismo sin establecer un marco sustitutorio para las estancias al aire libre. Esta laguna legal ha dejado a los usuarios en una situación de desprotección, obligando a la aplicación de normativas estatales obsoletas. Aunque el Gobierno de Canarias inició en junio de 2025 la tramitación de un nuevo reglamento para establecimientos de alojamiento al aire libre —que contempla por primera vez áreas de pernocta de hasta 72 horas—, el sector señala que la verdadera barrera sigue siendo la Ley del Suelo de 2017. Esta norma exige trámites complejos para declarar el interés público de estas instalaciones en suelo rústico, un requisito que, según ACAT, ha bloqueado históricamente la inversión privada.
En este escenario, la asociación ha pasado a la ofensiva con una estrategia que combina la interlocución política con la propuesta técnica. Tras reunirse con representantes del Partido Popular y con la patronal hotelera Ashotel, el colectivo busca que el autocaravanismo sea reconocido como una actividad de interés general, lo que facilitaría la creación de infraestructuras. De hecho, ya existen proyectos privados en estudio para Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura, destacando una iniciativa en San Miguel de Abona con capacidad para 50 plazas y una inversión estimada de 200.000 euros.
La argumentación de ACAT para justificar este despliegue no es solo normativa, sino económica. Mediante un seguimiento contable de sus actividades, la asociación sostiene que el gasto medio diario de los autocaravanistas en el territorio es significativo, cifrando en casi 150.000 euros el impacto directo generado durante 30 jornadas de convivencia. Esta capacidad de dinamización local es la que pretenden trasladar a los cabildos, proponiendo la habilitación de puntos ecológicos para el tratamiento de residuos en las instalaciones de gestión de residuos ya existentes, con un coste de adaptación inferior a los 5.000 euros por unidad.
Mientras se dirimen estas propuestas, la tensión persiste en el terreno. El colectivo mantiene abiertos varios litigios contra la instalación de gálibos en aparcamientos públicos y restricciones de acceso en espacios protegidos, como el Parque Nacional del Teide. La resolución de este conflicto parece depender ahora de la capacidad de la Federación Canaria de Municipios (Fecam) para armonizar una normativa común, un paso que Ashotel se ha comprometido a impulsar utilizando como base técnica las ordenanzas redactadas por la propia asociación.