Bibliotecas de Canarias: estancamiento y ley paralizada.
La Asociación de Bibliotecarios de Canarias denuncia el "limbo normativo" y la precariedad del sistema bibliotecario regional, paralizado por la inacción administrativa pese a la ley aprobada en 2019.
El sistema bibliotecario de Canarias se encuentra en una situación de estancamiento y precariedad, con un desarrollo legislativo prácticamente paralizado a pesar de la aprobación unánime de la Ley de la Lectura y de las Bibliotecas de Canarias en 2019. Así lo ha denunciado la Asociación de Bibliotecarios/as y Documentalistas de Canarias ante la Comisión de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Parlamento regional, subrayando la falta de compromiso de las administraciones con un servicio público fundamental.
Según ha expuesto la presidenta de la asociación, Ángeles Domínguez Guerra, y su compañera Natalia Navarro Sosa, la implementación de la ley de 2019 es, a día de hoy, una quimera. La organización profesional lamenta que, tras un inicio prometedor en la legislatura anterior, el cambio de gobierno en 2023 ha generado la percepción de un retroceso a la casilla de salida, sin avances significativos y con perspectivas poco alentadoras.
Entre las deficiencias señaladas, destaca la aplicación superficial del Plan de Lectura de Canarias 2023-2030, una herramienta concebida para fomentar la lectura como vía de superación de desigualdades, pero que no ha logrado sus objetivos transformadores. Asimismo, el Mapa de Bibliotecas de Canarias, considerado esencial para la planificación y gestión del sector, se encuentra desactualizado. A pesar de que la normativa exige su revisión cada 18 meses, el último documento vigente data de julio de 2023.
La situación del Reglamento de Desarrollo de la Ley es aún más crítica, pues siete años después de la aprobación de la norma, este sigue siendo inexistente. La asociación ha informado que, según datos facilitados por la Viceconsejería de Cultura y Patrimonio Cultural en una reunión reciente, el procedimiento para su elaboración fue paralizado y reiniciado, sin que hasta la fecha se hayan constatado progresos, lo que mantiene la política bibliotecaria en un limbo normativo. De igual modo, el Plan de Desarrollo Profesional de la Red de Bibliotecas, publicado en enero de 2023, carece de ejecución en materia de formación por parte del Gobierno.
Esta inacción se refleja en la posición de las Islas en el contexto nacional. Un estudio sobre las bibliotecas públicas en España sitúa a Canarias en las últimas posiciones en la mayoría de los indicadores, solo por delante de Ceuta y Melilla. De los once parámetros analizados, la región solo destaca en el crecimiento de fondos (tercer puesto), un dato que, no obstante, resulta engañoso al compararse con el número de documentos por habitante, donde la situación es desfavorable.
La radiografía ofrecida por las bibliotecarias revela carencias estructurales: las Islas no cumplen con la superficie mínima requerida para sus instalaciones, ni con el número adecuado de profesionales (la media nacional es de un bibliotecario por cada 5.170 habitantes, mientras que en Canarias es de uno por cada 6.857). Tampoco se alcanzan los niveles deseables en préstamos o inversión, y las visitas a las bibliotecas son escasas. Esta falta de compromiso, según la asociación, no solo recae en la administración autonómica, sino que se extiende a cabildos y ayuntamientos. La comparecencia en el Parlamento contó con la ausencia de la consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, Migdalia Machín, quien se retiró al inicio de la sesión.