Investigan a una abogada por ofrecer 3.000 euros en TikTok para atentar contra cargos públicos en Canarias

La seguridad de diversos representantes de la administración pública y judicial en Canarias se encuentra bajo una grave amenaza tras la difusión de una serie de contenidos audiovisuales en la plataforma TikTok. Según ha informado el diario El Día, una letrada colegiada en Madrid pero con actividad profesional en Tenerife ha instado públicamente a la contratación de sicarios para atentar contra la integridad física de varios funcionarios, ofreciendo una remuneración de 3.000 euros por cada encargo.

La lista de objetivos señalados por la abogada, identificada como Yurena Carrillo, incluye al fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, José Luis Sánchez-Jáuregui; a la fiscal de Sala del Tribunal Supremo, María Farnés Martínez Frigola; al magistrado presidente del Tribunal de Instancia de La Orotava, Javier Arribas Altarriba; y al alcalde de Los Realejos, Adolfo González Pérez-Siverio. Ante la gravedad de estos mensajes, la Guardia Civil ha iniciado diligencias de investigación por un presunto delito de atentado contra la autoridad mediante la provocación al asesinato. El atestado resultante será remitido al partido judicial de Puerto de la Cruz una vez concluya el análisis de las grabaciones.

Desde una perspectiva jurídica, este caso trasciende el debate sobre los límites de la libertad de expresión. Fuentes del sector subrayan que la incitación directa a la violencia contra cargos públicos y funcionarios en el ejercicio de sus funciones constituye una conducta penalmente perseguible que no encuentra amparo en el derecho a la libre manifestación de ideas. La letrada, que ha facilitado su número de teléfono personal en las publicaciones, vincula sus amenazas a supuestas irregularidades en la gestión de sus expedientes judiciales y a conflictos personales, llegando a calificar a una de las fiscales como una "asesina potencial".

El historial de la investigada presenta antecedentes de conflictividad institucional. Según fuentes judiciales, Carrillo fue apartada del turno de oficio en La Palma tras la apertura de varios expedientes disciplinarios por vulneración del código deontológico, incluyendo faltas de respeto hacia otros operadores jurídicos. Asimismo, su enfrentamiento con el alcalde de Los Realejos se remonta a una sanción administrativa impuesta por el consistorio debido a infracciones en la tenencia de animales, un expediente que derivó en el decomiso de sus mascotas tras denuncias vecinales por condiciones insalubres.

Ante la escalada de estas intimidaciones, el alcalde Adolfo González ha formalizado una denuncia ante la Policía Nacional. En su escrito, el regidor solicita medidas cautelares que incluyen una orden de alejamiento y la inhabilitación permanente de la letrada para el uso de redes sociales, con el fin de frenar el acoso y las vejaciones que, según sostiene, se han prolongado durante los últimos dos años.