
Canarias crea un registro oficial de medios para profesionalizar la publicidad institucional
El Gobierno de Canarias ha creado el primer registro oficial de medios de comunicación para profesionalizar la gestión de la publicidad institucional y garantizar la transparencia en la distribución de fondos públicos a partir de 2027.
La gestión de la publicidad institucional en Canarias afronta un cambio de paradigma con la reciente presentación del primer registro oficial de cabeceras y plataformas informativas del Archipiélago. Tal y como ha trascendido tras la jornada técnica celebrada por la Asociación de Periodistas de Santa Cruz de Tenerife, el Ejecutivo autonómico ha formalizado un censo que pretende profesionalizar la interlocución entre el sector público y las empresas editoras.
Esta iniciativa, liderada por la Viceconsejería de Comunicación y Relaciones con los Medios bajo la dirección de Jonathan Domínguez, culmina un proceso de tres años de auditoría y censo de la realidad mediática insular. La relevancia de este instrumento radica en su vocación de convertirse en el eje vertebrador de la inversión publicitaria gubernamental a partir de 2027. El propósito declarado es establecer criterios de elegibilidad objetivos, exigiendo que cualquier entidad que aspire a gestionar campañas institucionales figure previamente en este directorio, garantizando así que los fondos públicos se canalicen hacia estructuras que cumplan con los estándares mínimos de rigor y transparencia.
Más allá de la ordenación administrativa, este movimiento responde a una demanda histórica en el ámbito de la comunicación política: la necesidad de desvincular la contratación de espacios publicitarios de la discrecionalidad política. Al dotar al ecosistema informativo de un marco de referencia público y verificable, el Gobierno canario se posiciona como pionero entre las comunidades autónomas en la creación de un registro de esta naturaleza. La medida busca, en última instancia, que la relación entre la Administración y los medios de comunicación se rija por parámetros de seguridad jurídica, evitando la opacidad en la distribución de recursos y fomentando un mapa de medios que refleje con fidelidad la pluralidad informativa de las Islas.