El Icavi licita la construcción de 110 viviendas de protección oficial en el sur de Tenerife por 25,4 millones
El Instituto Canario de la Vivienda invertirá más de 25 millones de euros en la construcción de 110 viviendas de protección oficial en Adeje y Arona para paliar la crisis habitacional en el sur de Tenerife.
La crisis habitacional que asfixia al sur de Tenerife ha forzado una respuesta institucional de calado. Tal y como ha trascendido recientemente, el Instituto Canario de la Vivienda (Icavi) ha iniciado los trámites administrativos para licitar la construcción de 110 inmuebles de protección oficial, una medida que busca paliar el déficit de oferta residencial en una de las zonas más tensionadas del archipiélago.
Esta intervención, que cuenta con una dotación presupuestaria superior a los 25,4 millones de euros, se desglosa en dos actuaciones principales. En Adeje, el organismo autonómico ha proyectado 51 unidades habitacionales junto a sus correspondientes plazas de aparcamiento, con una inversión estimada de 9,4 millones de euros. Por otro lado, el municipio de Arona absorberá la mayor parte de la partida, destinando 16 millones de euros a la edificación de 59 viviendas en la zona de Marazul. Estas actuaciones se enmarcan en un plan de mayor envergadura que, al sumar una intervención adicional en Guía de Isora, elevará la cifra total a 134 nuevas viviendas y una inversión cercana a los 30 millones de euros, excluyendo impuestos.
El trasfondo de esta decisión radica en la necesidad de corregir los desequilibrios provocados por un modelo económico altamente dependiente del sector servicios. La expansión del alquiler vacacional y el crecimiento demográfico sostenido han tensionado el mercado, desplazando a la población residente hacia zonas con menor conectividad y encareciendo el acceso a un hogar. La financiación de estos proyectos, vinculada a los fondos europeos Next Generation, subraya la importancia de la eficiencia energética en las nuevas construcciones, un requisito indispensable para acceder a estas ayudas comunitarias.
Desde una perspectiva técnica, el Ejecutivo regional intenta con este movimiento equilibrar su balance de gestión, que actualmente contempla 1.137 viviendas en diversas etapas de ejecución en la isla de Tenerife. De este volumen, 620 unidades se encuentran en fase de obra, mientras que 496 permanecen en la etapa de diseño y 21 han concluido su proceso constructivo. La puesta en marcha de estos expedientes en Arona y Adeje representa un intento de las autoridades por recuperar el control sobre el suelo residencial, tratando de garantizar que la clase trabajadora local no quede excluida de los núcleos urbanos donde se concentra la actividad económica. La efectividad de esta política pública dependerá, en última instancia, de la agilidad en la ejecución de las licitaciones y de la capacidad del sector de la construcción para absorber esta demanda en un contexto de costes elevados.