Canarias eleva a 9,4 millones el presupuesto para construir 51 viviendas protegidas en Adeje
El Gobierno de Canarias ha incrementado a 9,4 millones de euros el presupuesto para construir 51 viviendas protegidas en Adeje, como parte de un plan regional financiado por fondos europeos para edificar 159 inmuebles y combatir la escasez de oferta residencial.
La política de vivienda pública en el archipiélago canario encara una fase de actualización presupuestaria para hacer frente a la realidad del sector de la construcción. Tal y como ha comunicado la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, el Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI) ha dado luz verde técnica al proyecto para levantar 51 inmuebles protegidos en Adeje, una actuación que se enmarca en un plan de mayor envergadura que suma 159 unidades residenciales repartidas entre las islas de Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote.
El ajuste financiero es uno de los puntos clave de esta resolución administrativa. La administración regional ha elevado la partida destinada a la licitación hasta los 9,4 millones de euros, superando la estimación inicial de 8,3 millones. Esta revisión al alza responde a la necesidad de adaptar los costes a las fluctuaciones actuales del mercado, un movimiento estratégico con el que el Ejecutivo autonómico busca asegurar la viabilidad de la obra y fomentar la participación de las empresas constructoras en el proceso de contratación.
La intervención en Adeje, que se ubicará en el área delimitada por las calles Pedro García Cabrera, Rubén Darío y Antonio Machado, no solo contempla la edificación de las viviendas, sino que incluye la dotación de plazas de aparcamiento y una infraestructura técnica integral. El pliego técnico abarca desde las instalaciones térmicas y de fontanería hasta el despliegue eléctrico de baja tensión, además de la supervisión facultativa y los protocolos de seguridad y salud laboral.
Este proyecto, que cuenta con el respaldo financiero de los fondos europeos Next Generation EU, forma parte de un despliegue territorial más amplio que alcanza a municipios como Arona y Guía de Isora, en la provincia tinerfeña, así como a Arrecife y Santa Lucía de Tirajana, en la provincia de Las Palmas. La ejecución de estas promociones públicas resulta fundamental en un contexto marcado por la escasez de oferta residencial asequible, una problemática que ha llevado a las administraciones autonómicas a acelerar la tramitación de proyectos mediante el uso de mecanismos de financiación comunitaria para intentar paliar el déficit habitacional en las islas.