La crisis habitacional en Canarias alcanza a la clase media y dispara el sinhogarismo
La crisis habitacional en Canarias se ha agravado hasta afectar a la clase media, obligando a ciudadanos con empleo a vivir en vehículos o asentamientos informales ante la falta de vivienda asequible y la insuficiencia de las políticas públicas.
La crisis habitacional en el archipiélago canario ha dejado de ser un fenómeno circunscrito a los colectivos tradicionalmente vulnerables para convertirse en un problema estructural que alcanza a sectores de la clase media. Tal y como recoge el reciente informe de Cáritas sobre exclusión residencial extrema en Tenerife, la incapacidad del mercado inmobiliario para ofrecer precios asequibles está forzando a una parte creciente de la población a buscar refugio en asentamientos informales, vehículos o tiendas de campaña.
El análisis de la organización humanitaria subraya una paradoja alarmante: la precariedad ya no distingue entre niveles de renta. Mientras que los perfiles de mayor vulnerabilidad —mayoritariamente hombres mayores de 45 años con patologías crónicas— se ven abocados a la indigencia tras perder su vivienda habitual por incrementos desorbitados en las rentas, otros ciudadanos con empleos estables, incluidos funcionarios, se ven obligados a destinar gran parte de sus ingresos a la adquisición de autocaravanas. Esta alternativa, que supone un desembolso inicial de unos 50.000 euros y cuotas mensuales de hasta 600 euros, se ha consolidado como la única vía para evitar la calle ante la imposibilidad de asumir los precios del alquiler convencional.
La radiografía de la exclusión en el sur de la isla es heterogénea. Según los datos recabados por el equipo de investigación de Cáritas, el fenómeno afecta a unidades familiares con menores, población migrante y ciudadanos nacionales por igual. Esta diversidad de perfiles coincide en un punto crítico: la ausencia de una red de seguridad pública eficaz. El coordinador de los estudios, José Antonio Díez, señala que la saturación de los servicios municipales es consecuencia directa de una carencia prolongada de políticas estratégicas. A pesar de la entrada en vigor de la Ley de Servicios Sociales en 2019, la falta de infraestructuras habitacionales sigue siendo el principal escollo para revertir esta situación.
El diagnóstico de las entidades sociales es unánime al calificar como insuficiente la construcción de vivienda protegida durante las últimas dos décadas. Ante la emergencia habitacional, las organizaciones reclaman medidas paliativas inmediatas, como la instalación de módulos prefabricados, para atender a quienes hoy malviven en barrancos, cuevas o vehículos en condiciones de habitabilidad deplorables. La realidad descrita por Cáritas no solo evidencia un fallo en el acceso a un derecho constitucional, sino que advierte sobre el riesgo de cronificar una exclusión que, de no mediar una intervención pública contundente, amenaza con consolidarse como un rasgo permanente del paisaje social en las islas.