La burocracia municipal frena la vivienda en Canarias

La crisis de la vivienda en Canarias no se arreglará solo con leyes o planes. Hace falta una administración que funcione bien y de forma lógica, sobre todo en los ayuntamientos con más problemas de vivienda. El caso de Granadilla de Abona es un ejemplo preocupante: allí, una norma para agilizar trámites no se aplica, a pesar de la gran necesidad social, la demanda acumulada y las herramientas disponibles. Esto demuestra que la propia ineficacia de las instituciones puede ser el mayor obstáculo para que la gente tenga derecho a una vivienda.

Granadilla de Abona, al sur de Tenerife, es hoy el municipio canario con más retrasos en la tramitación de licencias para construir casas, según las empresas del sector. En una zona ya saturada por la gente que llega, la demanda de vivienda y las limitaciones del mercado, el ayuntamiento ha tomado una decisión extraña: ha votado en contra de aplicar un decreto autonómico que precisamente busca agilizar estos trámites.

Este rechazo no tiene una justificación técnica ni legal clara, ya que estas normas son obligatorias y su objetivo es facilitar la construcción y el acceso a la vivienda. Para el sector, esta negativa solo se entiende por intereses políticos o por una gestión interna que no sabe adaptarse a procesos más eficientes. Lo califican de un caso "caótico e inexplicable" en uno de los municipios con mayor tensión de vivienda de todo el Archipiélago.

Este bloqueo administrativo tiene un impacto económico muy grande. No solo retrasa la construcción de viviendas nuevas —algo fundamental para bajar la presión del mercado—, sino que también desanima la inversión y perjudica a constructoras, promotoras y autónomos del sector.

Las asociaciones empresariales advierten que la incapacidad de algunos ayuntamientos para usar las leyes actuales no solo frena la construcción de viviendas, sino que también encarece la vida de las familias, hace que Canarias pierda competitividad como mercado y empeora aún más las condiciones laborales y económicas de sus habitantes.

Ante esta urgencia de vivienda, el Gobierno de Canarias aprobó en 2025 un decreto para acelerar la concesión de licencias urbanísticas. La idea era reducir los plazos de hasta dos años a seis meses y facilitar la construcción. Este decreto fue el resultado del trabajo conjunto entre el Gobierno regional y los agentes económicos y sociales, incluido el sector de la construcción, que lo pedía desde hace años para desbloquear inversiones y aumentar la oferta. Sin embargo, a pesar del apoyo de instituciones y empresas, la gran mayoría de ayuntamientos no están aplicando estas normas de simplificación, incluso siendo ellos mismos los que más atascos administrativos tienen. Y aquí es donde el caso de Granadilla se hace especialmente evidente.

La Comisión Europea ya ha avisado que el exceso de burocracia para dar licencias de construcción es un factor clave que limita la oferta de vivienda en toda la Unión Europea. Recomienda agilizar estos trámites para que se puedan añadir cientos de miles de viviendas al mercado cada año.

En España, no se construyen suficientes viviendas ni se crean los hogares necesarios para cubrir la demanda creciente. Esto hace que los precios suban y que, sobre todo para los jóvenes, sea muy difícil acceder a algo tan básico como una casa.

En resumen, la crisis de la vivienda en Canarias no se solucionará solo con decretos o leyes. Requiere una administración que funcione con eficacia y lógica, especialmente en los ayuntamientos con más problemas de vivienda. El caso de Granadilla de Abona, donde no se aplica una norma para agilizar trámites a pesar de la urgencia, es una señal alarmante: la propia ineficacia de las instituciones puede ser el mayor impedimento para garantizar el derecho a una vivienda.

Mientras tanto, jóvenes que no pueden independizarse, familias que se ven obligadas a mudarse por los altos precios y miles de casas esperando un permiso que nunca llega, ven cómo la solución se atasca en los despachos municipales. Las consecuencias económicas y sociales de esto empeoran cada día.

Las Islas Canarias sufren una crisis de vivienda muy profunda que no solo afecta a miles de familias, sino que pone en riesgo el derecho básico a una casa digna para jóvenes y personas con menos recursos. Aunque en gran parte de España hay problemas parecidos, en Canarias la situación es más grave: se construyen muchas menos casas de las que se necesitan, los precios se disparan y, a menudo, la propia administración local se ha convertido en el mayor freno para construir nuevas viviendas.

Para las asociaciones de empresas constructoras en Canarias, el problema principal no es la falta de terreno o de interés por construir, sino una parálisis administrativa que mantiene bloqueadas más de 25.000 viviendas listas para construir, a la espera de licencias municipales.

En todas las islas, este cuello de botella es tan grave que, según la Federación Canaria de Municipios (Fecam), los permisos de obra tardan varios años en concederse, cuando la ley dice que el máximo para licencias urbanísticas es de tres meses.

Los datos económicos confirman lo que los canarios ya sienten: la vivienda se ha encarecido de forma constante y notable. En España, los precios subieron un 12,2% en el primer trimestre de 2025, el mayor aumento en casi veinte años. En Canarias, el crecimiento ha sido aún más fuerte, con subidas anuales de alrededor del 11,6% tanto en vivienda nueva como usada. Esta escalada ocurre mientras la oferta disminuye: el año pasado, el número de viviendas disponibles en los portales inmobiliarios del Archipiélago bajó cerca de un 13%, lo que aumenta la presión en el mercado.

La falta de viviendas también es clara y se puede cuantificar: un informe reciente calcula que en Canarias hay un déficit de casi 19.700 viviendas entre la oferta y la demanda real.

Las consecuencias sociales de este desequilibrio son muy graves, sobre todo para los más jóvenes. Según el Observatorio Canario de la Emancipación, solo el 15% de los jóvenes canarios entre 16 y 30 años consigue independizarse. Es la tasa más baja de los últimos años, y se debe al alto coste de la vivienda (tanto en alquiler como en compra) y a la poca oferta que hay.