El TSJC ratifica la legalidad de las restricciones al tráfico en el Camino de la Costa en La Laguna
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha ratificado la legalidad de las restricciones al tráfico impuestas por el Ayuntamiento de La Laguna en el Camino de la Costa, priorizando la protección medioambiental del entorno sobre los intereses de la Sociedad Recreativa Piscina Charco de la Arena.
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha ratificado la legalidad de las restricciones al tráfico impuestas por el Ayuntamiento de La Laguna en el Camino de la Costa, en la zona de Punta del Hidalgo, desestimando así el recurso de apelación presentado por la Sociedad Recreativa Piscina Charco de la Arena. Tal y como recoge la documentación judicial, la resolución judicial avala la potestad municipal para limitar la circulación y el estacionamiento en este enclave, priorizando la preservación del entorno natural sobre los intereses particulares de la entidad privada.
La sentencia, que impone las costas procesales a la parte recurrente, valida el bando dictado por el alcalde, Luis Yeray Gutiérrez, en septiembre de 2022. Esta normativa, que mantiene su vigencia, transformó el tramo comprendido entre la calle Los Corrales y la ermita de San Juanito en una vía de carácter peatonal. Si bien el texto prohíbe el aparcamiento en el camino, permite el acceso vehicular para labores de carga y descarga, así como para el tránsito hacia fincas, viviendas y las instalaciones del club.
El fallo judicial desarticula los argumentos de la Sociedad, que cuestionaba la competencia del regidor para emitir dicho bando, así como la proporcionalidad y motivación de la medida. Los magistrados subrayan que el camino posee la condición de dominio público, lo que faculta al Consistorio para regular su uso. Asimismo, el tribunal ha considerado determinante el informe técnico de la Agencia de Protección del Medio Natural, que advierte sobre el impacto negativo que el flujo constante de vehículos y la actividad humana descontrolada ejercen sobre los hábitats protegidos y las especies de interés comunitario presentes en el litoral lagunero.
Más allá de la cuestión medioambiental, la resolución sitúa el conflicto en un plano jurídico de mayor calado: la situación administrativa de las instalaciones del club. El TSJC recuerda que la entidad opera sobre terrenos de dominio público cuya concesión está sujeta a procesos de restitución, enfatizando que la extinción de dicha concesión altera sustancialmente los derechos que la Sociedad alega poseer.
Para el gobierno municipal, este pronunciamiento supone un respaldo a su estrategia de recuperación de espacios litorales para el uso colectivo. El alcalde ha valorado la decisión como un paso decisivo para devolver a la ciudadanía un entorno que, bajo su criterio, debe estar libre de las limitaciones impuestas por la ocupación privada, reforzando así la protección de un área de alto valor ecológico que, hasta la fecha, se veía comprometida por la presión del tráfico rodado.