Asociaciones vecinales recurren ante el TSJC la Zona de Bajas Emisiones de Santa Cruz de Tenerife
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha admitido a trámite una demanda de asociaciones vecinales que busca anular la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones de Santa Cruz de Tenerife por considerar que vulnera el derecho a la movilidad y afecta al comercio local.
La batalla judicial en torno a la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Santa Cruz de Tenerife suma un nuevo capítulo. Tal y como ha trascendido recientemente, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha recibido una demanda interpuesta por las asociaciones vecinales El Perenquén y El Toscal de las Tribulaciones, quienes buscan la anulación de la normativa municipal que regula este espacio restringido.
Este movimiento legal se produce apenas horas antes de que la ordenanza entre en vigor. Si bien el despliegue administrativo comienza de forma inminente, el calendario de restricciones efectivas al tráfico rodado en el núcleo urbano no se hará plenamente operativo hasta el año 2029. La estrategia de los demandantes, bajo la dirección letrada de Felipe Campos, se centra en cuestionar la legitimidad de la norma, argumentando que su aplicación vulnera el derecho a la movilidad y genera un impacto negativo en el tejido comercial de proximidad, según ha trasladado Silvia Barrera, portavoz de uno de los colectivos recurrentes.
La judicialización de este proyecto urbanístico no es un hecho aislado. Los mismos colectivos ya intentaron previamente, sin éxito, frenar la licitación del contrato público destinado a la implementación técnica de la ZBE. Este nuevo frente abierto ante la instancia judicial superior subraya la persistente fricción entre la administración local y ciertos sectores de la ciudadanía respecto a la implementación de las políticas de movilidad sostenible.
El conflicto se enmarca en la obligatoriedad que tienen los municipios españoles de más de 50.000 habitantes de establecer zonas de bajas emisiones, en cumplimiento de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética. Esta normativa estatal busca mejorar la calidad del aire y reducir la huella de carbono en los entornos urbanos, un objetivo que, en el caso de la capital tinerfeña, está encontrando obstáculos significativos en la vía contencioso-administrativa, donde se dirimirá si el diseño de la ordenanza municipal se ajusta a los principios de proporcionalidad y legalidad vigentes.