El TSJC ordena repetir el juicio por el homicidio de Tabaiba al invalidar la absolución de un implicado
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha ordenado repetir parcialmente el juicio por el homicidio de Tabaiba al considerar que la absolución de uno de los implicados carecía de una base argumentativa sólida y racional.
La justicia canaria se enfrenta a un escenario procesal excepcional tras la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que ha ordenado la repetición parcial del juicio por el homicidio ocurrido en Tabaiba en febrero de 2023. Tal y como ha trascendido en las últimas horas, el alto tribunal ha invalidado la absolución dictada en primera instancia para uno de los procesados, al considerar que el veredicto del jurado popular careció de una base argumentativa sólida y racional, obligando a que un nuevo tribunal evalúe su grado de responsabilidad en los hechos.
El caso, que ya supuso la condena de 24 años de prisión para José J. por el asesinato de Rubén, vuelve a la Audiencia Provincial con el objetivo de dirimir la participación de un segundo implicado. La Fiscalía, que mantiene su petición de 25 años de cárcel para este acusado, sostiene que su implicación fue determinante, una tesis que el TSJC ha respaldado al cuestionar la validez de la absolución previa. El tribunal autonómico ha sido contundente al señalar que el jurado incurrió en errores de valoración probatoria, calificando la motivación de la sentencia original como insuficiente y alejada de las máximas de experiencia exigibles en un proceso penal de esta gravedad.
El origen de la controversia reside en la interpretación de las pruebas digitales y testimoniales. Mientras que el jurado popular consideró en su momento que no existía certeza absoluta sobre la vinculación de los mensajes de WhatsApp hallados en el terminal del acusado con el plan criminal, el TSJC ha desestimado esta lectura. Los magistrados han subrayado la falta de lógica de la teoría defensiva —que sugería una supuesta trampa tendida por Toño, el propietario del inmueble y autor intelectual del crimen, quien se suicidó al día siguiente—, al no encontrar sustento probatorio que explique por qué el planificador del asesinato habría involucrado a una tercera persona ajena a la trama en su propia vivienda.
Este nuevo juicio no solo deberá abordar la responsabilidad penal, sino también la vertiente civil del caso. La acusación pública reclama el pago de una indemnización de 153.500 euros a los familiares de la víctima, además de la reparación por los daños materiales causados en un vehículo, valorados en cerca de 2.000 euros. La repetición de la vista oral pone de relieve la complejidad de los veredictos emitidos por jurados populares cuando se enfrentan a pruebas indiciarias, subrayando la función revisora de los tribunales superiores para garantizar que el derecho a una resolución judicial motivada y fundada no se vea comprometido por valoraciones subjetivas o carentes de rigor lógico.