TSJC paraliza la demolición del Hotel Neptuno en Bajamar.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha dictado la paralización de la demolición del antiguo hotel Neptuno, ubicado en Bajamar y declarado en estado de ruina desde 2019. La decisión judicial, que revoca una autorización previa de primera instancia, obliga al Ayuntamiento de La Laguna a suspender de inmediato los trabajos preparatorios que ya se habían iniciado en el inmueble.

Según informaron fuentes de la Gerencia de Urbanismo del consistorio lagunero, la resolución del TSJC atiende un recurso de apelación presentado por la propiedad del edificio. La estimación de este recurso se fundamenta en un aspecto estrictamente procesal, sin que la sentencia entre a valorar la legalidad de la orden de derribo, la competencia municipal para ejecutarla o la justificación técnica que sustenta la necesidad de la demolición. Esta circunstancia implica que, hasta que no se obtenga una nueva autorización judicial firme, cualquier actuación material en la propiedad debe cesar.

La Gerencia de Urbanismo ha insistido en que la administración ha actuado con diligencia, siguiendo rigurosamente los procedimientos y plazos establecidos, y que la autorización judicial inicial se obtuvo conforme a derecho. Subrayan que la actual situación no es imputable a su gestión y que continuarán impulsando la ejecución de la demolición tan pronto como dispongan de la cobertura jurídica necesaria.

El Ayuntamiento había adjudicado el contrato para la demolición del complejo el pasado mes de octubre, por un importe de 395.000 euros. El proyecto contempla la retirada completa del edificio principal, así como de las instalaciones anexas, que incluyen una piscina, un restaurante y quince bungalós. Aunque la maquinaria pesada aún no había llegado al lugar, ya se habían llevado a cabo trabajos preliminares, como la retirada de ventanas y puertas.

Estos trabajos preparatorios habían generado preocupación entre los vecinos de la zona. La Asociación de Vecinos Gran Poder de Bajamar había manifestado públicamente, a través de sus redes sociales, las quejas de residentes por la acumulación de madera y otros materiales, señalando riesgos de seguridad y salubridad, como la posible proliferación de plagas y el peligro de incendio.

En cumplimiento de la resolución judicial, el Ayuntamiento deberá cesar toda actividad material y retirarse del terreno. La Gerencia de Urbanismo ha anunciado que se dictarán las órdenes oportunas para adoptar medidas de aseguramiento del inmueble y su entorno, incluyendo el refuerzo del cierre perimetral y otras actuaciones necesarias para garantizar la seguridad y prevenir riesgos para las personas, mientras se resuelve la situación judicial.