El TSJC admite a trámite el recurso vecinal contra la Zona de Bajas Emisiones de Santa Cruz de Tenerife
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha admitido a trámite el recurso de asociaciones vecinales contra la Zona de Bajas Emisiones de Santa Cruz de Tenerife, cuestionando su impacto en la movilidad y la economía local.
La batalla judicial contra la hoja de ruta medioambiental de Santa Cruz de Tenerife ha sumado un nuevo capítulo. Según ha trascendido a través de la publicación oficial de la provincia, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha dado luz verde a la tramitación del recurso contencioso-administrativo presentado por las asociaciones vecinales Urban Centro El Perenquén y Barrio del Toscal de las Tribulaciones. Esta acción legal busca invalidar la normativa municipal que regula la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), un proyecto que, tras su aprobación plenaria el pasado 24 de julio, comenzó a desplegar sus efectos prácticos esta misma semana.
El procedimiento, que recae en la sección segunda de la sala de lo contencioso-administrativo del alto tribunal canario, abre ahora un periodo de nueve días para que cualquier parte interesada pueda personarse en la causa, cuyas diligencias se gestionan desde la sede judicial situada en la plaza de San Francisco. La impugnación, liderada por la representación letrada de Felipe Campos, pone el foco en las repercusiones socioeconómicas de la medida. Los colectivos demandantes sostienen que el diseño de las restricciones —que culminarán con la limitación del tráfico en el casco urbano en el horizonte de 2029— vulnera el derecho a la movilidad y compromete la viabilidad económica del tejido comercial de proximidad.
Este movimiento judicial no es un hecho aislado en la relación entre el consistorio y las entidades vecinales. La asociación El Perenquén ya intentó previamente, sin éxito, frenar por la vía judicial la licitación del contrato público destinado a la implementación técnica de esta infraestructura. Por el momento, el equipo de gobierno municipal ha optado por mantener una postura de prudencia, evitando realizar valoraciones públicas sobre este nuevo frente abierto en los tribunales.
La controversia en la capital tinerfeña se enmarca en un contexto nacional de tensión administrativa. La implementación de las ZBE, obligatoria para los municipios de más de 50.000 habitantes bajo la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, ha generado un intenso debate sobre el equilibrio entre la descarbonización del transporte urbano y la preservación de la actividad económica en los centros históricos. Mientras los ayuntamientos se enfrentan a la presión de cumplir con las directrices europeas de calidad del aire, la judicialización de estas ordenanzas se ha convertido en un fenómeno recurrente en diversas ciudades españolas, donde la gestión de los plazos y el impacto en la movilidad privada siguen siendo los principales puntos de fricción entre la administración local y los residentes.