Sanidad indemnizará con 60.000 euros a la familia de un joven fallecido por un retraso en un AngioTAC

Sanidad indemnizará con 60.000 euros a la familia de un joven fallecido por un retraso en un AngioTAC

Recurso: El Día

Un juzgado de Las Palmas indemniza con 60.000 euros a los padres de un joven de 24 años fallecido por la pérdida de oportunidad de atenderle mejor debido al retraso en la interpretación de un AngioTAC.

Los médicos no vieron la urgencia de hacerle pruebas a un joven de 24 años al que se le habían detectado pseudoaneurismas pulmonares. Pasaron las semanas y él acudió a su cita para un AngioTAC, que se pidió sin carácter de urgencia. El informe de los resultados tardó diez días en salir, cinco días después de que el paciente falleciera.

Un juzgado de Las Palmas de Gran Canaria ha dado la razón, en parte, a los padres del joven, fallecido en abril de 2019. El juez considera que se perdió una oportunidad de atenderle mejor por el retraso en interpretar un AngioTAC que se le hizo cinco días antes de morir. Por ello, el Servicio Canario de la Salud (SCS) deberá pagar 60.000 euros de indemnización.

El caso se centra en la prueba radiológica del 12 de abril de 2019. Se pidió sin urgencia desde Reumatología del Hospital Universitario de Canarias (HUC). El estudio mostraba pseudoaneurismas pulmonares, un problema vascular grave que puede necesitar atención inmediata. Sin embargo, el informe no se entregó hasta el 22 de abril, cuando el paciente ya había fallecido el día 17 en la calle.

La jueza no ve una mala práctica directa, pero sí cree que al clasificar la prueba como normal, y teniendo en cuenta el historial del paciente, se perdió una oportunidad de actuar antes de su muerte. Es una forma de dar una indemnización cuando el servicio público ha fallado, aunque no haya habido negligencia clara.

El paciente, desde 2016, había tenido varios problemas de trombosis, algo poco común en gente joven. En 2016, le diagnosticaron una trombosis cerebral que le causó problemas de visión. Tras un tratamiento, quedó en seguimiento.

En 2018, tuvo otra trombosis en una pierna. Reumatología empezó a estudiarle para descartar enfermedades autoinmunes, pero los resultados salieron negativos. Aun así, el caso seguía en seguimiento.

En noviembre de 2018, ingresó con fiebre, dolor de pecho y tos. Las pruebas mostraron coágulos en los pulmones y una masa en el corazón. Se descartó que fuera cáncer y el tratamiento anticoagulante funcionó.

Tras recibir el alta en enero de 2019, seguía en seguimiento y se encontraba bien.

El 25 de febrero de 2019, en una revisión, su reumatóloga pidió un AngioTAC de control para ver cómo evolucionaba su problema de trombosis. La prueba se pidió como normal, ya que el paciente estaba sin síntomas graves.

La cita fue para el 12 de abril. El técnico de radiodiagnóstico hizo la prueba, pero no puede interpretar los resultados. Eso debía hacerlo un médico radiólogo dentro de la carga de trabajo normal.

El 17 de abril, cinco días después de la prueba y antes de que saliera el informe, el paciente murió de forma repentina en la calle.

El 22 de abril, ya fallecido, un radiólogo informó del AngioTAC. Detectó un pseudoaneurisma en una arteria pulmonar y otro grande en otra, con un coágulo. Estos problemas no se habían visto en pruebas anteriores.

Los pseudoaneurismas pulmonares son raros y peligrosos. Si se rompen, pueden causar sangrado masivo. Su diagnóstico rápido suele requerir atención urgente de varios especialistas.

Informes del propio hospital indicaban que, de haberse sabido el resultado a tiempo, se habría considerado retirar la anticoagulación, iniciar tratamiento inmunosupresor y valorar cirugía urgente.

La abogada de los padres argumentó que hubo un retraso injustificado en interpretar el AngioTAC y que, por el historial del paciente, debió ser una prueba urgente. Sostuvo que por estas decisiones médicas se perdieron oportunidades que podrían haber salvado al paciente. La familia demandó al SCS pidiendo cerca de 182.000 euros.

El SCS, por su parte, defendió que el paciente estaba estable, que no había señales para priorizar la prueba y que los estudios anteriores no mostraban pseudoaneurismas. También dijo que la enfermedad que sospechaban era muy rara y que el fallecimiento no se habría evitado por tener el diagnóstico cinco días antes. La aseguradora apoyó estos argumentos, destacando la rareza de ciertas enfermedades y la falta de síntomas claros antes de abril.

Una hematóloga declaró que el historial del paciente ya apuntaba a enfermedades inflamatorias graves y que había pruebas que mostraban dilataciones vasculares. Consideró que el AngioTAC del 12 de abril requería una lectura inmediata por su posible gravedad, lo que habría permitido aplicar tratamientos que no se pudieron usar al no tener los resultados a tiempo.

Los peritos del SCS afirmaron que los pseudoaneurismas no se veían en estudios previos y que no había síntomas para pedir la prueba con urgencia. Aun así, indicaron que incluso con un diagnóstico temprano, el pronóstico era incierto.

La jueza considera que no se puede probar una mala práctica de los médicos, pero sí que se perdió una oportunidad real, aunque no segura, de actuar ante un problema que podría haberse tratado si se hubiera diagnosticado a tiempo.

Finalmente, la sentencia fija una indemnización de 60.000 euros para los padres del paciente. La decisión puede ser recurrida.