Fiscalía pide 59 años de cárcel por fraude millonario al Servicio Canario de Salud.

La Fiscalía ha solicitado que se juzgue a cuatro personas acusadas de defraudar más de dos millones y medio de euros al Servicio Canario de Salud (SCS). Los acusan de falsificar documentos públicos, estafa agravada y pertenecer a una organización criminal.

Entre los acusados hay un médico de familia y dos farmacéuticos. Uno de ellos era dueño de la farmacia Monje, en la calle Garcilaso de la Vega, en Santa Cruz de Tenerife. La Guardia Civil los detuvo en octubre de 2018. Según el SCS, los cuatro se habrían puesto de acuerdo, al menos desde 2014, para estafar con medicamentos caros que la sanidad pública pagaba, en parte o totalmente.

Si el juicio se lleva a cabo, la Fiscalía pide un total de 59 años de cárcel para los cuatro, multas de entre 21.000 y más de 42.000 euros, y que devuelvan entre todos los 2.590.009,83 euros que supuestamente estafaron al SCS entre 2016 y 2018. Aunque hay indicios de que el fraude comenzó antes, al menos en 2014.

El juez ha dado a las partes la acusación de la Fiscalía para que opinen y, si es necesario, se investigue algo más. Este caso se juzgará con un jurado.

La investigación, iniciada por la Fiscalía tras una denuncia del Servicio Canario de Salud, indica que los acusados ganaban mucho dinero con la estafa. Lo hacían cobrando al SCS por medicamentos subvencionados que supuestamente vendían a pacientes con receta. Pero también vendían esos medicamentos de forma ilegal, sin receta, a otras personas. Para justificar el cobro de la subvención, les quitaban el cupón precinto.

La Fiscalía tiene claro cómo funcionaba la trama y qué papel tenía cada uno. Los farmacéuticos D. J. M. T. y A. P. M. D. conseguían recetas en papel sin rellenar y datos de recetas electrónicas de familiares, amigos o compañeros de trabajo.

El médico E. M. L. C., que trabajaba en los centros de salud de San Miguel de Geneto y San Benito (La Laguna), firmaba y sellaba talonarios de recetas dejando en blanco los datos del paciente y el tratamiento. Además, entraba en el sistema de receta electrónica y cambiaba las recetas de pacientes que no necesitaban esos medicamentos. Estas recetas, tanto en papel como electrónicas, servían para cobrar subvenciones del sistema público.

A. P. M. D., que antes era dueño de una farmacia, también se encargaba de conseguir los datos de las recetas, controlar los cambios en esas recetas y dar instrucciones al médico E. M. L. C. Las recetas y las solicitudes de subvenciones se hacían desde la farmacia de D. J. M. T.

Pero este último farmacéutico iba más allá. Por su cuenta, conseguía recetas y datos de pacientes particulares y de una residencia de ancianos en Güímar, quedándose con las subvenciones sin compartirlas con los demás. Estas recetas las hacía un médico del centro de salud de ese municipio, que fue investigado pero el caso se archivó, aunque recetó 972 medicamentos que supuestamente se vendieron en la farmacia de D. J. M. T. También se investigó a otros dos médicos del centro de salud de Adeje por recetar más de 1.200 medicamentos que también se habrían vendido en esa farmacia.

El cuarto acusado, M. A. B. M., ya había sido condenado por estafa en Badajoz. Es un paciente que tenía recetas legales de medicamentos muy caros. Llegó a un acuerdo con D. J. M. T. para repartirse el dinero de la subvención de sus medicamentos. Necesitaba esos medicamentos, pero prefirió recibir el 50% del dinero de la sanidad pública en lugar de tomarlos como le habían recetado. Entre 2016 y 2018, la subvención de sus medicamentos recetados pero no comprados ascendió a 27.885,09 euros. La Fiscalía pide para él 22 meses de cárcel por estafa.

Se sabe que el fraude al dinero público llevado a cabo por los dos farmacéuticos, el médico y el empresario comenzó al menos en 2014. Sin embargo, la investigación judicial se ha centrado en el período entre marzo de 2016 y septiembre de 2018. En octubre de ese último año se produjeron las detenciones y los registros de la Guardia Civil. Además, la investigación se limita a la facturación de medicamentos no vendidos relacionados con las recetas electrónicas denunciadas por el Servicio de Uso Racional del Medicamento y Control de la Prestación del Servicio Canario de la Salud.

Con estas limitaciones, la cantidad total defraudada asciende a 2.590.009,83 euros. Se han contabilizado 80.181 medicamentos sin el cupón precinto. En esos 31 meses, la farmacia de Garcilaso de la Vega facturó 233.182 recetas electrónicas (4.288.358 euros), de las cuales el 34,4% no tenían el cupón precinto. La facturación adicional a la electrónica, que se hacía a través de los formularios del Colegio de Farmacéuticos, superó los 50.000 euros en todos y cada uno de los 31 meses investigados. La cantidad mensual más baja facturada sin los cupones precinto fue de 65.026,39 euros en septiembre de 2018, mientras que la facturación más alta se produjo en enero de 2017, cuando se facturaron al SCS 99.379,28 euros solo por los medicamentos sin cupón precinto.