El Gobierno de Canarias archiva el expediente para declarar BIC el monumento a Franco en Santa Cruz de Tenerife
El Gobierno de Canarias ha archivado definitivamente el expediente para declarar Bien de Interés Cultural el monumento a Franco en Santa Cruz de Tenerife ante la falta de consenso entre sus órganos consultivos.
La decisión del Ejecutivo autonómico de cerrar el expediente administrativo sobre el monumento a Franco en Santa Cruz de Tenerife marca un punto de inflexión en la gestión del patrimonio histórico vinculado a la dictadura en el archipiélago. Tal y como recoge el Boletín Oficial de Canarias (BOC) en su edición de este lunes, la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura ha formalizado el archivo definitivo de la propuesta para otorgar a esta estructura la categoría de Bien de Interés Cultural (BIC), el grado de protección más elevado que contempla la legislación autonómica.
La resolución, que cuenta con las rúbricas de la consejera Migdalia Machín y del presidente Fernando Clavijo, fundamenta este carpetazo en la falta de consenso entre los órganos consultivos. El Gobierno regional sostiene que, para proceder a una declaración de esta envergadura, resulta indispensable que exista una alineación absoluta entre el dictamen emitido por la Ponencia Técnica y la postura adoptada por el Consejo del Patrimonio Cultural de Canarias. Al no producirse dicha coincidencia, el gabinete autonómico considera que no se cumplen los requisitos legales necesarios para blindar la obra de Juan de Ávalos bajo la figura de protección patrimonial solicitada.
Este movimiento administrativo agota la vía gubernativa, aunque la resolución deja abierta la posibilidad de que los interesados interpongan un recurso ante la jurisdicción contencioso-administrativa. La controversia en torno a este conjunto escultórico se enmarca en un debate más amplio sobre la aplicación de la Ley de Memoria Democrática y la gestión de los vestigios del régimen anterior en el espacio público. Mientras que sectores sociales han abogado por la retirada o resignificación de estos elementos, el procedimiento ahora concluido se centraba exclusivamente en la viabilidad técnica y patrimonial de su catalogación como bien protegido, un estatus que, a juicio del actual Ejecutivo, carece de los fundamentos técnicos e institucionales necesarios para su concesión.