El Gobierno de Canarias autoriza el parque fotovoltaico «Llano de los Bebederos I» en Arona pese a las críticas locales
El Gobierno de Canarias ha autorizado el proyecto fotovoltaico «Llano de los Bebederos I» en Arona, declarándolo de interés general pese a las objeciones del Cabildo y el Ayuntamiento sobre su impacto ambiental y territorial.
La reciente luz verde otorgada por el Gobierno de Canarias al proyecto fotovoltaico «Llano de los Bebederos I» en Arona, tal y como ha trascendido en las últimas horas, pone de manifiesto la creciente tensión entre la necesaria transición energética del archipiélago y la preservación del suelo rústico. Esta infraestructura, impulsada por la compañía Disa, se erige como un caso paradigmático de cómo la declaración de utilidad pública puede prevalecer sobre las reticencias de las administraciones locales e insulares, abriendo un debate sobre el modelo de implantación de las renovables en Tenerife.
El proyecto, que contempla la instalación de 8.610 módulos bifaciales con una potencia cercana a los cinco megavatios, se asienta sobre una superficie de cinco hectáreas. La controversia principal no reside únicamente en la planta de generación, sino en la línea de evacuación necesaria para conectar la energía a la red. Este trazado atraviesa terrenos catalogados por el Plan Insular de Ordenación de Tenerife (PIOT) como Áreas de Protección Ambiental, una clasificación que, en condiciones ordinarias, vetaría este tipo de actuaciones. El Cabildo de Tenerife había cuestionado la idoneidad de esta ruta, sugiriendo alternativas y exigiendo una evaluación más rigurosa sobre el impacto paisajístico y la pérdida de terrenos con potencial agrícola, los cuales podrían integrarse en una futura Reserva Agraria Estratégica.
A pesar de estas objeciones, el Ejecutivo regional ha desbloqueado la situación mediante el Decreto 101/2026, que declara la instalación de interés general y ordena la modificación del planeamiento vigente. Esta resolución faculta a la promotora para recurrir a la expropiación forzosa de los terrenos necesarios para la línea de alta tensión, en caso de no alcanzar acuerdos con los propietarios, otorgando un plazo de ejecución de cinco años, prorrogable hasta ocho.
El Ayuntamiento de Arona, por su parte, mantiene una postura crítica, señalando la proximidad de la planta a núcleos residenciales —a escasos 220 metros— y defendiendo el valor estratégico de estos suelos para el desarrollo municipal. La viabilidad del proyecto queda ahora supeditada a un estricto pliego de condiciones técnicas y ambientales. Entre las exigencias, la empresa deberá realizar prospecciones arqueológicas, implementar medidas de protección para el alcaraván común —incluyendo señalización en el vallado para evitar colisiones— y ejecutar un plan de trasplante de flora autóctona. Asimismo, la Dirección General de Salud Pública ha instado a monitorizar los campos electromagnéticos y a mitigar las molestias por ruido y polvo durante la fase de construcción, condicionando el inicio de las obras al cumplimiento riguroso de estos protocolos.