El Gobierno de Canarias autoriza el proyecto de baterías en Los Vallitos pese a la oposición del Cabildo de Tenerife
El Gobierno de Canarias ha autorizado mediante decreto la instalación de un sistema de almacenamiento de energía en la planta fotovoltaica de Los Vallitos, en Adeje, priorizando el interés energético sobre las discrepancias del Cabildo de Tenerife respecto a la ordenación del suelo.
La reciente resolución del Ejecutivo autonómico, recogida en el Boletín Oficial de Canarias, marca un punto de inflexión en la gobernanza energética del archipiélago al imponer la instalación de un sistema de almacenamiento mediante baterías en la planta fotovoltaica de Los Vallitos, en Adeje. Esta medida, según ha trascendido, se articula mediante un decreto que soslaya las discrepancias manifestadas por el Cabildo de Tenerife, cuya postura técnica cuestionaba la compatibilidad de la infraestructura con el planeamiento insular vigente.
El proyecto, impulsado por la mercantil San Eugenio, S.A., contempla la integración de tres unidades de almacenamiento de ion-litio, cada una con una capacidad de 3,2 megavatios por hora, complementadas por una infraestructura de evacuación subterránea. El objetivo técnico es la hibridación con el parque solar existente de 4,8 megavatios, una maniobra que, según las estimaciones oficiales, permitirá inyectar 7.335 MWh anuales al subsistema eléctrico que comparten Tenerife y La Gomera, optimizando el aprovechamiento de la energía renovable y mitigando los vertidos a la red.
La controversia administrativa radica en la calificación del suelo. El Plan Insular de Ordenación de Tenerife (PIOT) clasifica los terrenos como Área de Regulación Homogénea de Protección Ambiental 1, específicamente bajo la categoría de Laderas. A pesar de que el Cabildo reiteró su oposición a la implantación en junio de 2026 —tras haber hecho lo propio durante la fase inicial del expediente en 2023— y ante la ausencia de un informe municipal por parte del Ayuntamiento de Adeje, el Gobierno regional ha optado por una vía excepcional. Haciendo uso del artículo 6 bis de la Ley 11/1997 del Sector Eléctrico Canario, el Ejecutivo ha priorizado el interés general y la urgencia, respaldándose en las declaraciones institucionales de Emergencia Climática de 2019 y de Emergencia Energética de 2023.
Este movimiento administrativo no solo valida la ejecución de la obra, presupuestada en 2.325.408 euros, sino que impone una modificación futura en el planeamiento urbanístico local para armonizar la realidad física con la normativa. Desde el punto de vista ambiental, la Dirección General de Calidad Ambiental emitió un dictamen favorable el pasado 27 de marzo, al no apreciar impactos significativos y proyectar una reducción de emisiones de 6.051 toneladas de CO2 al año.
La firmeza de este decreto, que agota la vía administrativa, abre ahora un periodo de litigiosidad. Los actores interesados disponen de un mes para presentar un recurso potestativo de reposición ante el propio Gobierno de Canarias, o bien un plazo de dos meses para acudir a la vía contencioso-administrativa ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, escenario que determinará si la prevalencia del interés energético sobre la ordenación territorial se ajusta a los límites legales establecidos.