El Gobierno de Canarias y las universidades ultiman un acuerdo para garantizar su financiación plurianual
El Gobierno de Canarias y los rectores de las universidades públicas del Archipiélago ultiman un acuerdo presupuestario plurianual para garantizar la estabilidad financiera y operativa de ambas instituciones.
La estabilidad financiera de las instituciones académicas superiores en el Archipiélago encara una fase decisiva. Tal y como ha trascendido tras el acto de apertura del curso universitario, el Ejecutivo regional y los rectores de la Universidad de La Laguna y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ultiman un marco presupuestario plurianual que pretende poner fin a la incertidumbre sobre la suficiencia de recursos.
El presidente autonómico, Fernando Clavijo, ha señalado que el entendimiento entre las partes se formalizará en el corto plazo. Aunque el mandatario ha admitido que el pacto final podría no satisfacer la totalidad de las aspiraciones económicas planteadas por los rectores —en particular por Francisco García, quien lidera la institución lagunera—, el objetivo prioritario del Gobierno es blindar la operatividad de los campus mediante un modelo de financiación estable. En el encuentro también participaron la consejera del área, Migdalia Machín, y el rector de la institución grancanaria, Lluís Serra.
Este proceso de negociación se enmarca en una relación de colaboración técnica que trasciende la mera transferencia de fondos. El Ejecutivo canario ha subrayado el papel de las universidades como órganos consultivos estratégicos, cuya participación ha sido determinante para el diseño de políticas públicas en materias complejas como la gestión demográfica, la transformación del modelo energético y la interlocución con las instituciones comunitarias en Bruselas.
La resolución de este conflicto presupuestario es un paso necesario para que el sistema universitario canario pueda planificar su actividad investigadora y docente con mayor certidumbre. La financiación de las universidades públicas ha sido históricamente un punto de fricción en la política regional, especialmente ante la necesidad de adaptar las infraestructuras y el personal a las exigencias de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), que impone nuevos retos de gestión y sostenibilidad económica a las comunidades autónomas. Con este previsible acuerdo, el Gobierno busca cerrar una etapa de tensiones y consolidar un cauce de diálogo permanente con la comunidad académica.