Polémica en Canarias por la tramitación irregular de una macrogranja marina en una zona protegida de Adeje
El Gobierno de Canarias ha adjudicado una macrogranja marina en Adeje sin notificar al Ministerio para la Transición Ecológica ni realizar el preceptivo estudio de impacto ambiental en una zona protegida de la Red Natura 2000.
La gestión administrativa de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias ha quedado bajo el foco tras revelarse una omisión procedimental de gran calado en la tramitación de una macrogranja marina en el litoral de Adeje. Tal y como ha documentado la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN) mediante el acceso a información pública, el Ejecutivo regional adjudicó la explotación de la Zona de Interés Acuícola ZIA-TF-5 sin haber notificado ni remitido el expediente al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), organismo estatal responsable de la tutela de los espacios marinos protegidos.
El proyecto, cuya concesión a la mercantil Socat Canarias S.L. se formalizó en febrero de 2026, proyecta una infraestructura de dimensiones considerables: 45 hectáreas de ocupación sobre el lecho marino, articuladas mediante dos estructuras de 100 por 600 metros que albergarán 24 jaulas de cultivo. La capacidad productiva estimada alcanza las 3.000 toneladas anuales de especies como lubina, dorada y medregal. La controversia radica en que esta actividad se superpone directamente con la Zona Especial de Conservación (ZEC) Teno-Rasca, un enclave integrado en la Red Natura 2000 que destaca por ser un punto crítico para la supervivencia del delfín mular y la tortuga boba, especies cuya presencia está documentada en los planes de gestión del área.
La falta de comunicación entre administraciones ha sido confirmada por el propio Ministerio en un oficio del 15 de junio. Según este documento, la cartera ministerial no tuvo conocimiento de la iniciativa hasta finales de mayo, y únicamente a través de la recepción del decreto de oposición emitido por el Ayuntamiento de Adeje. Para ese momento, el Gobierno canario ya había completado la selección del adjudicatario y el periodo de exposición pública, omitiendo el preceptivo informe de afección ambiental.
Desde el ámbito municipal, las objeciones presentadas ante el Cabildo de Tenerife —administración que ostenta las competencias en la tramitación— subrayan la incompatibilidad del emplazamiento con los valores paisajísticos y ambientales de la zona. Esta postura es compartida por colectivos ecologistas, que no solo cuestionan la falta de coordinación interadministrativa, sino que sostienen la nulidad de pleno derecho del procedimiento al denunciar la ausencia de un estudio de impacto ambiental en la documentación expuesta a la ciudadanía. Ante esta situación, la Subdirección General de Biodiversidad Terrestre y Marina ha iniciado una actuación de oficio para recabar la documentación técnica y emitir el informe correspondiente, un paso que llega cuando el proceso administrativo ya se encontraba en una fase avanzada.