Costas deniega la concesión de la piscina municipal de Los Silos y aboca al Ayuntamiento a la vía judicial
El Gobierno de Canarias ha denegado la concesión de la piscina municipal de Los Silos tras recibir un informe vinculante del Ministerio para la Transición Ecológica, lo que ha llevado al Ayuntamiento a anunciar posibles acciones judiciales.
La viabilidad de la piscina municipal de Los Silos vuelve a quedar en entredicho tras la reciente comunicación del Ejecutivo autonómico. Según ha trascendido, la Dirección General de Costas y el Mar del Gobierno de Canarias ha trasladado al Consistorio local la negativa a otorgar una nueva concesión para estas instalaciones, fundamentando su decisión en un informe emitido por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que, al ser preceptivo y vinculante, bloquea cualquier otra vía administrativa.
Este desenlace pone de manifiesto las tensiones competenciales que rodean la gestión del litoral tras la transferencia de funciones en materia de costas realizada en 2023. La alcaldesa, Carmen Luz Baso Lorenzo, ha cuestionado la postura del Ministerio, señalando que el criterio jurídico aplicado —que prioriza la reubicación de infraestructuras fuera del dominio público marítimo-terrestre siempre que sea posible— es idéntico al que ya provocó la denegación de la concesión en 2022. Ante este escenario, la regidora ha instado al Gobierno regional a ejercer su autonomía y a defender los intereses municipales ante los tribunales, reclamando una postura más proactiva que justifique la utilidad real del traspaso de competencias.
El proceso administrativo ha estado marcado por una notable dilación temporal. Aunque la solicitud de la nueva concesión se formalizó en agosto de 2024, el informe estatal no fue recepcionado por la Comunidad Autónoma hasta finales de octubre de ese mismo año, llegando a las dependencias municipales el pasado 18 de marzo. Esta demora de cinco meses en la tramitación añade presión a un Ayuntamiento que ahora dispone de un plazo de diez días hábiles para presentar alegaciones.
La situación actual es el epílogo de una larga crisis de gestión que se remonta a 2018, cuando un error administrativo impidió la renovación de la concesión original tras su caducidad. Desde entonces, la infraestructura ha sido objeto de una intensa batalla política y social, con movilizaciones ciudadanas recientes que exigen la reapertura de un espacio que ha sido clave para el municipio. La alcaldesa ha advertido que, de confirmarse la resolución desfavorable por parte del Ejecutivo canario, el Ayuntamiento recurrirá a la vía judicial, manteniendo la misma línea de confrontación legal que ya se empleó tras el revés administrativo de hace dos años.