El Gobierno de Canarias autoriza de forma forzosa la planta fotovoltaica La Estrella pese al rechazo local
El Gobierno de Canarias ha autorizado de forma forzosa la planta fotovoltaica La Estrella en Arona mediante un procedimiento de urgencia, sorteando la oposición del Ayuntamiento y del Cabildo de Tenerife para acelerar la transición energética en la isla.
La tensión competencial entre el Gobierno de Canarias y las administraciones locales de Tenerife ha alcanzado un nuevo punto de fricción tras la reciente autorización forzosa de la planta fotovoltaica La Estrella. Según ha trascendido recientemente, el Ejecutivo regional ha optado por activar el procedimiento de urgencia para desbloquear esta infraestructura energética, sorteando así la oposición frontal manifestada tanto por el Ayuntamiento de Arona como por el Cabildo de Tenerife.
Este movimiento, que supone la segunda intervención de esta naturaleza en el entorno del Hospital del Sur tras el precedente de Llano de los Bebederos I, pone de relieve la estrategia del Gobierno autonómico para acelerar la transición energética. El Ejecutivo justifica esta medida excepcional en la necesidad de corregir el déficit de potencia fotovoltaica en la isla, que actualmente se sitúa en 158 megavatios frente a los 343,2 megavatios marcados como meta para el año 2030. Bajo el amparo del artículo 6 bis de la Ley del Sector Eléctrico Canario, la administración regional ha habilitado el inicio inmediato de las obras, imponiendo a los entes locales la obligación de ajustar su planeamiento urbanístico en futuras revisiones.
El proyecto, impulsado por Iberdrola Renovables Canarias, contempla una inversión de 3,41 millones de euros para desplegar 7.700 módulos solares con una capacidad de 4,5 megavatios. La planta, que se ubicará en terrenos rústicos de carácter agrario sin actividad reciente, tiene como objetivo inyectar cerca de 10.000 megavatios hora anuales a la red, lo que permitiría evitar la emisión de 6.189 toneladas de dióxido de carbono cada año. La evacuación de esta energía se realizará mediante una canalización subterránea hasta la subestación de Chayofa.
No obstante, la vía administrativa elegida por el Gobierno canario ha sido cuestionada por las instituciones insulares y municipales. El Ayuntamiento de Arona ha fundamentado su rechazo en la supuesta incompatibilidad del proyecto con el Plan General de Ordenación vigente y la Ley del Suelo, argumentando que no se ha acreditado un interés público superior que justifique su ubicación. Asimismo, el consistorio ha denunciado la ocupación de caminos públicos no contemplada en el diseño inicial. Por su parte, el Cabildo de Tenerife ha señalado deficiencias en la integración paisajística, la falta de justificación técnica sobre los movimientos de tierras y una posible colisión con las infraestructuras hidráulicas de la zona.
La tramitación del expediente también ha estado marcada por la incertidumbre técnica. Aunque el proyecto obtuvo inicialmente el visto bueno ambiental, la posterior modificación de la huella de la planta generó un vacío procedimental, al no obtenerse respuesta de la unidad de Medio Natural ante la nueva consulta. Ante este escenario, las administraciones locales cuentan ahora con un plazo de un mes para presentar un recurso de reposición o, en su defecto, dos meses para elevar el litigio ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).