El Gobierno de Canarias valida los terrenos para la nueva sede judicial de Granadilla de Abona
El Gobierno de Canarias ha validado los terrenos cedidos por el Ayuntamiento de Granadilla de Abona para construir una nueva sede judicial, consolidando así la permanencia y modernización de los servicios judiciales en el municipio frente a las propuestas de fusión de partidos judiciales.
El Gobierno de Canarias ha validado la idoneidad de los terrenos cedidos por el Ayuntamiento de Granadilla de Abona para albergar una nueva sede judicial, según ha trascendido recientemente. Este paso administrativo supone un espaldarazo a la estrategia del consistorio granadillero frente a las presiones de diversos agentes económicos del sur de Tenerife, que abogaban por una reestructuración del mapa judicial insular mediante la fusión de los partidos de Arona y Granadilla.
La parcela seleccionada, situada en las inmediaciones de la sede municipal y con acceso directo a la autopista TF-1, cuenta con una capacidad edificable de 7.000 metros cuadrados. Este emplazamiento es, a ojos del Ejecutivo autonómico, apto para el desarrollo de una infraestructura que, de materializarse, consolidaría la presencia de la administración de justicia en el municipio. El proyecto se encuentra ahora a la espera de la redacción del anteproyecto, el diseño técnico definitivo y la correspondiente consignación de fondos públicos.
El debate sobre la ubicación de estos servicios ha estado marcado por la postura del Círculo Empresarial del Sur (CEST). Desde esta organización se ha cuestionado la eficiencia del actual sistema, señalando carencias operativas y la ausencia de un Juzgado de lo Social en Arona, una jurisdicción que consideran necesaria debido al volumen de litigiosidad laboral en la comarca. Esta demanda de unificación, sin embargo, choca con la realidad demográfica de Granadilla de Abona, que con más de 70.000 habitantes censados, se posiciona como uno de los núcleos con mayor expansión poblacional del archipiélago.
Para el alcalde, José Domingo Regalado, la resolución autonómica valida la gestión realizada para blindar la permanencia de los juzgados en el municipio. El regidor ha enfatizado que el objetivo municipal ha sido siempre la modernización de las instalaciones, recordando que el partido judicial de Granadilla, fundado en 1908, presta servicio a una población que supera los 110.000 ciudadanos, incluyendo a los residentes de San Miguel de Abona, Arico, Fasnia y Vilaflor.
La resolución de este conflicto competencial no es menor, dado que la organización de los partidos judiciales en España responde a criterios de eficiencia y proximidad al ciudadano, regulados por la Ley de Demarcación y de Planta Judicial. La consolidación de un Palacio de Justicia en Granadilla, bajo este nuevo escenario, parece cerrar la puerta a la tesis de la fusión, priorizando el refuerzo de los servicios existentes en un área geográfica que, por su peso demográfico y actividad económica, exige una respuesta judicial ágil y descentralizada.