Canarias aprueba el decreto de la Hipoteca Joven para financiar hasta el 95% de la vivienda

El Gobierno de Canarias ha culminado la tramitación administrativa del decreto que articula la denominada Hipoteca Joven Canaria, una medida diseñada para facilitar el acceso a la primera vivienda mediante la flexibilización de los criterios de financiación bancaria, tal y como ha trascendido recientemente. Esta iniciativa busca mitigar el principal obstáculo que enfrentan los compradores actuales: la brecha entre la capacidad de ahorro y las exigencias de capital inicial impuestas por las entidades financieras, que habitualmente financian solo el 80% del valor de tasación.

El programa, que permite elevar la cobertura hipotecaria hasta el 95% del precio del inmueble, se dirige a tres perfiles específicos: jóvenes de entre 18 y 40 años, familias numerosas y hogares monoparentales, estos últimos sin restricción de edad. La mecánica operativa se aleja de las subvenciones directas tradicionales, optando por un fondo rotatorio que se nutre de las amortizaciones de los propios préstamos, lo que garantiza la continuidad del sistema sin un tope predefinido de beneficiarios.

Desde una perspectiva técnica, la medida no altera el precio de mercado de los activos inmobiliarios ni exime al comprador de la necesidad de contar con ahorros previos, pero reduce significativamente el desembolso inicial. A modo de ejemplo, en una operación de 200.000 euros, el capital necesario para cubrir la entrada pasaría de los 40.000 euros habituales a 10.000 euros, siempre que se cumplan los criterios de solvencia y residencia establecidos. El decreto fija un límite máximo de 250.000 euros por vivienda, excluyendo impuestos y gastos accesorios.

El acceso a este programa no es automático. Los interesados deberán someterse al análisis de riesgo de las entidades bancarias que se adhieran al convenio marco, las cuales actuarán como ventanilla única para la gestión de las solicitudes. El Ejecutivo autonómico ha establecido umbrales de ingresos máximos, calculados en función del IPREM, que se ajustan mediante coeficientes correctores según la composición familiar y la presencia de menores a cargo.

Aunque el marco normativo ya cuenta con la aprobación definitiva, el despliegue efectivo del programa está supeditado a la firma de los acuerdos de colaboración con el sector financiero. El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, ha señalado que el objetivo del Gobierno es formalizar estas alianzas durante el periodo estival, con la previsión de que el sistema esté plenamente operativo antes de que concluya el presente ejercicio. Esta medida se enmarca en un contexto de creciente dificultad para la emancipación residencial, donde la rigidez de los depósitos bancarios se ha consolidado como la barrera de entrada más infranqueable para los nuevos compradores.