El colapso en la gestión de residuos peligrosos amenaza con paralizar la economía de Canarias
La falta de infraestructuras para el tratamiento de residuos peligrosos en Canarias amenaza con paralizar sectores estratégicos de la economía regional, obligando a la patronal a exigir al Gobierno autonómico soluciones urgentes y la creación de plantas locales.
La gestión de residuos peligrosos en Canarias se enfrenta a un colapso operativo que amenaza con paralizar sectores estratégicos de la economía regional. Según ha advertido la Confederación Regional de Empresas del Metal y Nuevas Tecnologías de Canarias (CREM), que agrupa a Femete y Femepa, la ausencia de infraestructuras de tratamiento en el archipiélago ha dejado a más de un millar de compañías en una situación de inseguridad jurídica, al verse imposibilitadas para cumplir con la normativa medioambiental vigente.
El problema radica en la progresiva clausura de las plantas de recepción en la Península, particularmente en Andalucía, que históricamente han servido como destino para los desechos industriales canarios. Esta dependencia externa se ha vuelto insostenible debido al incremento en los costes del transporte marítimo y a la falta de alternativas locales. La situación es especialmente crítica en las islas menores, donde la ausencia de gestores autorizados impide una operativa regular, dejando a talleres, industrias alimentarias, empresas de construcción y el sector hotelero en un callejón sin salida.
El punto de inflexión se alcanzó el pasado 1 de abril, fecha en la que expiró el plazo para la gestión legal del amianto. La complejidad técnica y la falta de instalaciones han provocado que las obras de rehabilitación y construcción se encuentren ante un bloqueo administrativo inminente. La gravedad del escenario se refleja en el incremento exponencial de los residuos de este material, cuyo volumen se ha multiplicado por cuatro en los últimos dos años, evidenciando una carencia estructural que la administración regional no ha logrado resolver.
Ante este panorama, los representantes empresariales, entre ellos Juan Antonio Jiménez y Patricia Jiménez, han calificado el escenario como inmanejable. La patronal reclama al Gobierno de Canarias una intervención urgente que contemple dos ejes fundamentales: la habilitación de una excepción transitoria que reconozca la condición de región ultraperiférica (RUP) para flexibilizar los plazos y exigencias, y una apuesta decidida por la creación de plantas de tratamiento locales.
Esta demanda de soberanía en la gestión de residuos no solo busca evitar la parálisis económica, sino también fomentar un modelo de economía circular que proteja el ecosistema insular. Voces del sector, como David González y Yurena Rodríguez, insisten en que la actual penalización que sufren las empresas canarias es consecuencia directa de una deficiencia en la planificación pública, subrayando que la única vía para garantizar la sostenibilidad del territorio es la capacidad de procesar los residuos en el propio suelo canario, evitando así la dependencia de una logística exterior que hoy se ha vuelto inviable.