Cuestionan la seguridad química de las aguas de baño en Canarias por el uso de cloro en vertidos sin depurar
La Asociación Empresarial Canaria de Consultores Medioambientales exige transparencia a la administración regional ante la incertidumbre sobre los riesgos químicos y la posible toxicidad derivados del uso de cloro en aguas de baño con saneamiento deficiente.
La gestión de las aguas residuales en el archipiélago canario ha vuelto a situarse en el centro de la controversia pública, esta vez bajo el foco de la seguridad química en las zonas de baño. Tal y como ha dado a conocer la Asociación Empresarial Canaria de Consultores Medioambientales (Aeccm), existe una creciente incertidumbre sobre los métodos de desinfección empleados por la administración autonómica en aquellos puntos donde el saneamiento es deficiente. La organización ha formalizado una petición de transparencia ante la Dirección General de Salud Pública, cuestionando la base científica que sustenta el uso de hipoclorito en vertidos que carecen de una depuración integral.
El núcleo del debate reside en la posible formación de subproductos derivados de la cloración, como los trihalometanos, compuestos que la literatura científica vincula con riesgos de toxicidad y potencial carcinogenicidad. La preocupación de los consultores medioambientales se fundamenta en la falta de datos públicos que certifiquen la inocuidad de estas aguas. Según los datos manejados por la asociación, Tenerife concentra más de un centenar de puntos de vertido sin autorización, lo que representa aproximadamente el 50% de las irregularidades detectadas en todo el territorio canario. Esta situación, reconocida por el propio Ejecutivo regional al admitir carencias estructurales y de personal técnico, plantea un dilema sobre la suficiencia de los controles actuales.
El marco normativo vigente, articulado a través del Real Decreto 1341/2007, limita las inspecciones sanitarias a indicadores microbiológicos —como la presencia de Escherichia coli o enterococos— y a factores físicos como la aparición de microalgas o medusas. Sin embargo, este protocolo resulta insuficiente para detectar la huella química de los tratamientos de desinfección. La Aeccm sostiene que, ante la ausencia de analíticas específicas sobre contaminantes organoclorados, las garantías ofrecidas por las autoridades carecen de respaldo objetivo. Esta postura encuentra un precedente en las investigaciones de la Fiscalía de Medio Ambiente sobre Playa Jardín, donde el uso de cloro fue señalado como un elemento de relevancia judicial debido a las deficiencias crónicas en el sistema de saneamiento local.
La respuesta de la Dirección General de Salud Pública, que se ha limitado a remitir a la información general disponible en su portal web, ha sido calificada por el sector como una elusión de su responsabilidad en la protección de la salud pública. Juan Rumeu, presidente de la plataforma, subraya que la transparencia es un requisito democrático ineludible: la ciudadanía no solo debe conocer los resultados de los análisis, sino también las razones técnicas que motivan la exclusión de ciertos parámetros químicos en los controles.
La exigencia de la Aeccm es clara: acceso a los protocolos científicos, a los informes de evaluación de riesgos de la última década y a una aclaración sobre si los métodos de vigilancia actuales son capaces de descartar riesgos químicos. Este requerimiento se alinea con las recomendaciones de organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud y la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, que abogan por una monitorización exhaustiva de los subproductos de desinfección en entornos recreativos. En última instancia, el sector reclama que la administración deje de apelar a la confianza ciega y proporcione las evidencias necesarias para determinar si la gestión de las aguas de baño en Canarias cumple con los estándares de seguridad exigibles.