Polémica en Canarias por la falta de intérpretes para la primera maestra sorda del sistema público
La falta de intérpretes de lengua de signos en un centro de Santa Úrsula deja sin apoyo a la primera maestra sorda con plaza fija en Canarias, provocando graves problemas de salud laboral y una movilización de la comunidad educativa.
La precariedad en la cobertura de puestos de apoyo para docentes con discapacidad vuelve a situar a la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias en el foco de la polémica. Tal y como ha trascendido recientemente, Lidia Domínguez, la primera maestra sorda en obtener una plaza fija en el sistema público español, se encuentra actualmente sin el servicio de intérprete de lengua de signos en el CEIP San Fernando de Santa Úrsula, una situación que compromete tanto su salud física como la calidad pedagógica del aula.
El conflicto, que se ha cronificado desde que la docente obtuvo su plaza en 2022, pone de relieve una carencia estructural en la gestión de recursos humanos de la administración autonómica. La falta de un perfil profesional específico para estos auxiliares obliga a recurrir a listas genéricas del Servicio Canario de Empleo, un procedimiento que, según denuncia la afectada, resulta ineficaz al no garantizar la continuidad ni la especialización necesaria para el entorno escolar. La inestabilidad ha sido constante: tras la marcha de un primer profesional en octubre y la renuncia de su sustituto el pasado 12 de febrero, el centro educativo se encuentra en un vacío asistencial que la Consejería no ha logrado resolver.
La situación trasciende lo administrativo para convertirse en un problema de salud laboral. La maestra, al no contar con el apoyo necesario para la comunicación con un grupo de alumnos nuevo, se ve obligada a realizar un sobreesfuerzo visual extremo para interpretar los labios y los gestos de sus estudiantes, lo que le provoca cefaleas severas y fatiga ocular crónica. A esto se suma la dificultad añadida de evaluar el rendimiento académico de los menores sin la mediación lingüística adecuada, un derecho básico que, según la normativa vigente, debería estar garantizado para el personal funcionario.
Por su parte, la Consejería de Educación argumenta que las dificultades radican en la falta de una lista de empleo propia para esta categoría profesional, lo que les obliga a depender de candidatos preseleccionados por el Servicio Canario de Empleo que, en ocasiones, declinan la oferta o no superan los periodos de prueba. Asimismo, el departamento autonómico sostiene que no es posible atender la petición de la docente de contratar a una persona específica, alegando que se mantiene la búsqueda activa de profesionales dispuestos a ocupar la vacante.
Ante la falta de soluciones, la comunidad educativa del centro, respaldada por la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA), ha convocado una concentración de protesta para el próximo 9 de abril a las 14.15 horas. La movilización busca visibilizar una problemática que, más allá del caso particular de Domínguez, cuestiona la capacidad del sistema educativo para integrar plenamente a docentes con discapacidad y garantizar la equidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje.