Polémica por la digitalización de espacios naturales en Canarias ante el riesgo de desproteger el Malpaís de Güímar
El colectivo ecologista Tabona denuncia que el proyecto de digitalización de espacios naturales del Gobierno de Canarias amenaza la integridad de la Reserva del Malpaís de Güímar al utilizar cartografía desactualizada que ignora sentencias judiciales previas.
La digitalización de los espacios naturales protegidos en Canarias, un proyecto impulsado por el Ejecutivo regional con el fin de armonizar la cartografía autonómica con los estándares europeos y la Infraestructura de Información Geográfica de España, ha generado una notable controversia jurídica. Según ha trascendido a través de las alegaciones presentadas por el colectivo ecologista Tabona, la propuesta legislativa podría comprometer la integridad territorial de la Reserva Natural Especial del Malpaís de Güímar, al ignorar, presuntamente, las ampliaciones legales y las resoluciones judiciales que blindan este enclave tinerfeño.
El núcleo del conflicto reside en la discrepancia entre la delimitación técnica que propone el Gobierno y la realidad jurídica consolidada tras la Ley 13/2006. Los ecologistas denuncian que el anteproyecto de ley utiliza una cartografía desactualizada que omite la expansión del espacio protegido entre El Puertito y El Socorro. Esta omisión no es baladí, pues contraviene la doctrina establecida por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en 2009. Aquella sentencia fue determinante para frenar las pretensiones del Ayuntamiento de Güímar de destinar parcelas integradas en la reserva —que sumaban más de 26.000 metros cuadrados— a usos urbanísticos, como equipamientos deportivos y escolares.
La preocupación de Tabona trasciende el error técnico. La asociación ha identificado ocho riesgos críticos derivados de la traslación de los límites actuales a un formato digital. Entre ellos, advierten sobre la simplificación geométrica de perímetros naturales, el desplazamiento de coordenadas y la posible fragmentación de la conectividad ecológica. Para los denunciantes, el peligro es que, bajo una apariencia de modernización administrativa, se produzca una desclasificación de facto de terrenos protegidos. Aunque el texto legal no mencione explícitamente una reducción de superficie, el colectivo sostiene que cualquier alteración en los lindes que excluya parcelas supone una pérdida material de protección, vulnerando la seguridad jurídica que el propio anteproyecto dice perseguir.
El Malpaís de Güímar, que abarca 290,3 hectáreas, constituye un ecosistema de alto valor biológico, caracterizado por sus cardonales-tabaibales y una fauna diversa que incluye especies protegidas y aves migratorias como la pardela cenicienta. Ante la presión urbanística que rodea este paisaje volcánico, la organización ecologista ha solicitado una ampliación del plazo de alegaciones, argumentando que la complejidad de la materia y la falta de transparencia en la difusión del proceso dificultan una fiscalización ciudadana adecuada. La controversia pone de relieve la tensión constante entre la gestión técnica del territorio y la preservación de los hitos legales que, durante años, han servido de dique de contención frente a la expansión urbanística en las islas.