El TSJC activa un plan de contingencia judicial ante la visita papal a Canarias
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha activado un plan de contingencia con medidas extraordinarias y telemáticas para garantizar el servicio judicial ante las restricciones de movilidad previstas por la visita del papa a las islas los días 11 y 12 de junio.
La inminente llegada del papa León XIV al archipiélago canario ha forzado al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) a articular un esquema de funcionamiento extraordinario para garantizar la continuidad del servicio público de justicia. Según ha trascendido a través de los acuerdos de la Sala de Gobierno del TSJC, la institución ha diseñado un plan de contingencia ante la situación de prealerta decretada por el Ejecutivo regional mediante el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil (Plateca), que anticipa una parálisis circulatoria en las islas de Gran Canaria y Tenerife.
Este despliegue organizativo, que ha sido trasladado al Consejo General del Poder Judicial y a la Consejería competente del Gobierno autonómico, busca armonizar el derecho a la tutela judicial efectiva con las severas restricciones de movilidad que impondrán los dispositivos de seguridad durante los días 11 y 12 de junio. Para gestionar esta excepcionalidad, se ha constituido un órgano de seguimiento liderado por la presidencia del TSJC, junto a las presidencias de las audiencias provinciales y la secretaría de gobierno, con capacidad para alterar el calendario de señalamientos y priorizar el uso de medios telemáticos.
El impacto de las medidas se concentrará en cuatro sedes judiciales estratégicas: Las Palmas de Gran Canaria, San Bartolomé de Tirajana, Santa Cruz de Tenerife y San Cristóbal de La Laguna. En estos partidos judiciales, los magistrados disponen de la potestad para suspender vistas no urgentes y limitar la afluencia física a los edificios, con el objetivo de evitar que el colapso de las vías públicas impida el acceso de los profesionales y ciudadanos a sus citas procesales.
Desde una perspectiva jurídica, el TSJC ha previsto una salvaguarda para los operadores del derecho, recomendando la aplicación del artículo 134 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Este precepto permite invocar la fuerza mayor ante la imposibilidad de cumplir con los plazos procesales debido a las limitaciones de tránsito impuestas por las fuerzas de seguridad. No obstante, el tribunal ha subrayado que esta flexibilización no afectará a los servicios de guardia, que mantendrán su operatividad plena, reforzándose incluso si la situación lo requiere. La instrucción de causas, la presentación de detenidos y la protección de derechos fundamentales permanecen, por tanto, blindadas frente a las alteraciones logísticas que supondrá el evento religioso en las islas.