TSJC investiga a abogado por citar sentencias falsas y posible IA.
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias investiga a un abogado por presentar un recurso con sentencias e informes inexistentes, posiblemente creados con inteligencia artificial.
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha decidido investigar a un abogado. Lo acusan de actuar de mala fe por presentar un recurso donde citaba sentencias e informes que, al parecer, no existen y que podrían haber sido creados con inteligencia artificial.
Esta decisión aparece en una sentencia reciente que confirma la absolución de un vecino de Tenerife, juzgado en julio por una supuesta agresión sexual. El tribunal ha rechazado el recurso que presentó la acusación particular. El presidente del TSJC ha sido el encargado de redactar esta sentencia.
En la sentencia, el Tribunal avisa de que el recurso contenía varias citas de sentencias falsas o inventadas. Además, se mencionaba un supuesto informe del Consejo General del Poder Judicial sobre la credibilidad de los testimonios de niños, del que el Tribunal tampoco tiene constancia de que exista.
Para el TSJC, todo esto sugiere una negligencia grave, ya que el abogado habría confiado el contenido de su escrito a un algoritmo sin revisarlo, olvidando su deber profesional de comprobar las fuentes.
El Tribunal destaca que en el recurso se encontraron al menos siete sentencias del Tribunal Supremo que no aparecen en las bases de datos oficiales, y muchas otras referencias parecidas. El TSJC lo describe como un ejercicio de "creatividad jurídica sin límites", presentadas –añade– "con desparpajo y sin pudor".
La sentencia también señala que el abogado copia fragmentos de documentos que no existen "con la precisión de quien copia de un original". Esto agrava la situación, por la repetición de los hechos y por la apariencia de que eran verdad.
Por todo esto, el Tribunal ha ordenado abrir una investigación aparte para determinar las posibles responsabilidades del abogado, basándose en el artículo 247 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y en la Ley Orgánica del Poder Judicial.
La ley permite imponer multas por actuar de mala fe en un proceso judicial y también llevar el caso al colegio de abogados, por si fuera necesario abrir un expediente disciplinario. El Tribunal aclara que, antes de tomar cualquier decisión, se escuchará al abogado implicado.