El TSJC anula la normativa de alquiler vacacional de Granadilla de Abona por falta de evaluación ambiental
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha anulado la normativa de alquiler vacacional de Granadilla de Abona por omitir la evaluación ambiental estratégica, dejando en suspenso la regulación de casi 2.000 viviendas turísticas en el municipio.
La reciente resolución del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que invalida la normativa provisional sobre alquiler vacacional en Granadilla de Abona marca un precedente crítico en la gestión urbanística de las Islas. Tal y como ha trascendido, la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha estimado el recurso interpuesto por la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (Ascav), fundamentando su decisión en un defecto de forma que, a ojos del tribunal, resulta insubsanable.
El núcleo del conflicto jurídico reside en la omisión de la evaluación ambiental estratégica durante la tramitación de la norma. Aunque el Ayuntamiento de Granadilla de Abona —pionero en Tenerife al intentar regular este sector— defendió que su ordenanza no requería dicho trámite al estar amparada por el Plan General de Ordenación de 2005, los magistrados han sido tajantes: la doctrina del Tribunal Supremo, reforzada en julio de 2026, clasifica estas regulaciones como planeamiento complementario. Por tanto, su sujeción a controles ambientales es obligatoria y no puede ser sustituida por valoraciones administrativas o consultas técnicas externas, como las que el anterior equipo de gobierno local, representado por el portavoz socialista David Santos, esgrimió para justificar la validez del texto.
La anulación de esta ordenanza, aprobada definitivamente el 27 de febrero de 2025, deja en el aire la gestión de las 1.918 viviendas vacacionales que, en aquel momento, representaban más del 9% del parque residencial del municipio. La norma ahora anulada establecía restricciones geográficas y tipológicas precisas, vetando el uso turístico en inmuebles de protección pública, zonas tensionadas o edificaciones fuera de ordenación, mientras permitía la actividad en viviendas unifamiliares o residenciales mixtos.
Este revés judicial se produce en un contexto autonómico transformado por la Ley 6/2025 de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas. Dicha normativa estatal ha modificado las reglas del juego al estipular que la calificación de suelo residencial ya no faculta automáticamente para el alquiler vacacional, exigiendo una autorización municipal expresa. Ante este escenario, el municipio se ve abocado a operar bajo el régimen transitorio previsto en la ley autonómica, lo que implica un bloqueo en la concesión de nuevas licencias durante el periodo de cinco años que la administración local dispone ahora para redactar una nueva ordenación que cumpla con los estándares ambientales exigidos por la justicia. La sentencia, aunque no es firme y admite recurso de casación ante el Tribunal Supremo, pone de relieve la complejidad técnica de armonizar el crecimiento turístico con la sostenibilidad urbanística en un mercado tensionado.