Agreden al concejal Alonso Acevedo en Puerto de la Cruz y denuncian un aumento de la violencia contra cargos públicos en Canarias

La violencia contra los representantes públicos ha vuelto a situarse en el centro del debate político en Canarias tras el incidente registrado el pasado viernes en el Puerto de la Cruz. Tal y como recoge el diario El Día, el concejal de Servicios Generales y Desarrollo Comercial, Alonso Acevedo (CC), fue objeto de una agresión física en los accesos a la casa consistorial, un suceso que ha activado las alarmas sobre la creciente crispación que enfrentan los cargos electos en el ejercicio de sus responsabilidades.

El episodio tuvo lugar entre las 08:15 y las 08:30 horas, momento en el que el edil aguardaba transporte para desplazarse a Santa Cruz. Según el relato de los hechos, un individuo —al que el concejal identifica pero con quien no mantiene vínculo alguno— se aproximó al político y le propinó un impacto en el pecho con el antebrazo y el codo, proyectándolo contra una columna. Durante el altercado, el agresor profirió menciones aisladas al concepto de "reciclaje", una motivación que el propio Acevedo ha calificado de incomprensible. La intervención de Felipe Rodríguez (PP), concejal responsable de áreas como el complejo Costa Martiánez y el cementerio, fue determinante para contener al atacante hasta la llegada de los agentes de la Policía Local.

Las consecuencias del ataque no se limitaron al plano físico. Tras ser atendido en un centro sanitario, se confirmó que el concejal presentaba una contusión dorsal, a lo que se sumó un cuadro de hipertensión derivado del estrés y la impotencia ante la situación. Ante estos hechos, Acevedo ha formalizado la denuncia correspondiente ante la Policía Nacional, aportando el parte médico, con el objetivo de que se depuren responsabilidades. El edil ha subrayado que su decisión de acudir a la vía judicial responde a una cuestión de seguridad colectiva, advirtiendo que la vulnerabilidad de un representante público es un precedente peligroso para el resto de la corporación.

La respuesta institucional ha sido unánime. El Ayuntamiento portuense ha emitido un comunicado oficial en el que apela a la convivencia democrática, el respeto y la tolerancia como pilares innegociables de la gestión pública, condenando cualquier forma de coacción. Esta postura ha sido respaldada por el conjunto de las fuerzas políticas de la isla, que han trasladado su solidaridad al concejal a través de diversos canales.

Este suceso se inscribe en un clima de creciente hostilidad hacia los cargos públicos en el archipiélago. Cabe recordar que, recientemente, el alcalde de Los Realejos, Adolfo González, fue objeto de amenazas de muerte por parte de una letrada, quien llegó a solicitar la contratación de terceros para atentar contra su vida. Estos episodios ponen de relieve la fragilidad de la seguridad de los servidores públicos, un fenómeno que, según los expertos en sociología política, refleja una preocupante degradación del debate ciudadano y una peligrosa normalización de la intimidación como herramienta de presión política.