Patrimonio deniega la protección BIC al Monumento a la Victoria en Santa Cruz de Tenerife
El Consejo de Patrimonio Cultural de Canarias ha denegado la declaración de Bien de Interés Cultural al monumento a la Victoria en Santa Cruz de Tenerife, facilitando su posible retirada en aplicación de la Ley de Memoria Histórica.
La reciente resolución del Consejo de Patrimonio Cultural de Canarias marca un punto de inflexión definitivo para el futuro del monumento a la Victoria en Santa Cruz de Tenerife. Tal y como ha trascendido en las últimas horas, el órgano autonómico ha desestimado la propuesta de otorgar a la pieza de Juan de Ávalos la categoría de Bien de Interés Cultural (BIC), al concluir que la obra carece de los méritos patrimoniales exigidos por la normativa regional para recibir el máximo grado de protección.
Este dictamen, que se saldó con 16 votos contrarios y una única abstención, cierra un proceso administrativo iniciado por el Cabildo tinerfeño el pasado octubre, en cumplimiento de un mandato judicial previo. La falta de blindaje legal deja ahora a la escultura en una situación de vulnerabilidad jurídica, abriendo la puerta a su retirada definitiva en aplicación de la Ley de Memoria Histórica. A pesar de que instituciones como la Real Academia Canaria de Bellas Artes de San Miguel Arcángel y su homóloga extremeña habían defendido el valor artístico del conjunto, el Consejo ha priorizado el criterio técnico que ya había sido adelantado por la Ponencia de Patrimonio Arquitectónico el pasado mes de abril.
El Ayuntamiento de Santa Cruz, titular de la escultura, ha optado por la prudencia tras conocerse el fallo, limitándose a confirmar su compromiso de acatar la legislación autonómica en materia de memoria democrática. Esta postura contrasta con la presión ejercida por colectivos como la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Tenerife, que ha liderado una campaña de recogida de firmas —con más de 1.400 apoyos registrados— para exigir la retirada de un elemento que consideran una exaltación directa del régimen dictatorial.
La resolución no solo zanja la controversia sobre la protección patrimonial, sino que también resuelve la contradicción existente entre los informes de expertos en arte y el catálogo de vestigios franquistas elaborado por el Gobierno canario, que ya señalaba la necesidad de eliminar este símbolo del espacio público. La decisión del Consejo, que integra a representantes de las administraciones insulares, universidades y colegios profesionales, despeja el camino para que el consistorio ejecute el desmantelamiento de una obra que, durante décadas, ha sido objeto de un intenso debate social y jurídico sobre la gestión del pasado reciente en el archipiélago.