La parálisis en las licencias urbanísticas lastra la economía y el acceso a la vivienda en Canarias
La patronal de la construcción FEPECO denuncia que la parálisis en la concesión de licencias urbanísticas en Canarias se ha convertido en un lastre estructural que encarece la vivienda y frena el desarrollo económico del archipiélago.
La parálisis en la concesión de licencias urbanísticas en Canarias ha dejado de ser un problema técnico para transformarse en un lastre estructural que compromete la viabilidad económica del archipiélago. Según ha denunciado la Federación Provincial de Entidades de la Construcción de Santa Cruz de Tenerife (FEPECO), la gestión municipal de los permisos de obra mayor se ha convertido en el principal cuello de botella para el desarrollo regional, agravando de forma directa la crisis de acceso a la vivienda.
El análisis de la patronal, encabezada por Óscar Izquierdo, pone de manifiesto una brecha insalvable entre la normativa vigente —que estipula un periodo máximo de tres meses para la resolución de estos expedientes— y la realidad administrativa, donde los plazos medios se extienden hasta el año, llegando a registrarse casos que superan los cuatro ejercicios. Esta ineficiencia operativa no solo bloquea la inversión privada, sino que genera un sobrecoste estimado en 18.000 euros por unidad habitacional, una carga financiera que, en última instancia, recae sobre el comprador final.
Desde una perspectiva económica, el impacto es sistémico. La patronal advierte que cerca de un tercio del ciclo constructivo queda supeditado a la burocracia, lo que deriva en una pérdida de competitividad territorial y en la destrucción de empleo potencial. La situación es especialmente crítica en municipios como Candelaria, Granadilla y Garachico, señalados por la organización como focos de ineficacia, particularmente por su resistencia a implementar el Decreto-ley 3/2025, una norma diseñada precisamente para agilizar estos procedimientos.
Para revertir este escenario, el sector propone una reingeniería de los procesos administrativos que trascienda el mero aumento de plantillas. La medida estrella planteada por FEPECO es la externalización de la carga técnica mediante la colaboración con colegios profesionales y entidades homologadas. Este modelo, que ya cuenta con precedentes de éxito en la gestión urbanística de La Laguna, permitiría delegar la instrucción de los expedientes sin que el ayuntamiento pierda la potestad decisoria final.
El trasfondo de esta crisis administrativa es, en última instancia, una cuestión de gobernanza. La falta de unificación de criterios y la ausencia de una cultura de responsabilidad en las administraciones locales no solo frenan la edificación, sino que privan a los propios ayuntamientos de ingresos fiscales derivados de las tasas y del dinamismo económico que genera la actividad constructora. En un contexto de emergencia habitacional, la patronal subraya que el bloqueo administrativo ha dejado de ser un inconveniente menor para convertirse en un obstáculo insostenible para el crecimiento de las islas.