Patrimonio rechaza declarar BIC el monumento a Franco en Santa Cruz de Tenerife
La ponencia técnica de Patrimonio del Gobierno de Canarias ha desestimado declarar Bien de Interés Cultural el monumento a Franco en Santa Cruz de Tenerife, dejando en manos del Consejo de Patrimonio la decisión final sobre su permanencia.
La reciente resolución de la ponencia técnica de Patrimonio Arquitectónico del Gobierno de Canarias, que ha desestimado la propuesta de otorgar la categoría de Bien de Interés Cultural (BIC) al monumento a Franco ubicado en Santa Cruz de Tenerife, marca un punto de inflexión en el prolongado conflicto administrativo y judicial sobre la permanencia de vestigios de la dictadura en el espacio público. Tal y como ha trascendido esta semana, el dictamen técnico, que contó con una unanimidad casi absoluta —a excepción de una abstención—, cuestiona la relevancia artística del conjunto escultórico de Juan de Ávalos, trasladando ahora la responsabilidad definitiva al Consejo de Patrimonio de Canarias.
Este escenario sitúa a las instituciones locales en una posición compleja. Mientras el Ayuntamiento de Santa Cruz, titular del monumento, mantiene una postura de cautela a la espera de la resolución final, la asociación San Miguel Arcángel, principal promotora de la protección de la obra, ha confirmado su intención de agotar todas las vías judiciales disponibles. Para este colectivo, la escultura representa un legado cultural que debe preservarse, argumentando que el informe técnico está condicionado por una interpretación política de la normativa de memoria democrática. Por el contrario, desde sectores como Izquierda Unida Canaria y diversas organizaciones de memoria histórica, el dictamen se interpreta como un respaldo a la legalidad vigente y una rectificación ante los intentos previos de blindar el monumento mediante su catalogación patrimonial.
El trasfondo de esta disputa legal se enmarca en la tensión entre la preservación de elementos arquitectónicos y el cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática, que insta a la retirada de simbología contraria a los valores constitucionales. La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha señalado que la institución insular se ha inhibido en este proceso, recordando que la apertura del expediente fue una imposición derivada de una sentencia judicial previa.
La resolución final del Consejo de Patrimonio no solo determinará el destino físico de la obra, sino que sentará un precedente sobre cómo las administraciones canarias deben gestionar el patrimonio vinculado a la dictadura. Mientras los defensores de la pieza insisten en su valor artístico y en la ausencia de simbología explícita, los colectivos memorialistas subrayan que la permanencia de este elemento constituye un agravio para las víctimas y una contradicción con los principios democráticos actuales, exigiendo su retirada inmediata conforme a los catálogos de vestigios existentes.