Investigan al director general de Costas de Canarias por las obras de Cuna del Alma en Adeje

La gestión del litoral canario vuelve a situarse en el epicentro de la controversia judicial tras la comparecencia de Antonio Acosta, director general de Costas del Ejecutivo regional, ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Arona. Tal y como ha trascendido en las últimas horas, el alto cargo ha prestado declaración en calidad de investigado por la autorización otorgada para ejecutar obras en la zona de servidumbre del proyecto urbanístico Cuna del Alma, en el Puertito de Adeje.

El núcleo de la investigación, que se centra en la presunta comisión de delitos contra el medio ambiente y la ordenación del territorio, no abarca la totalidad de la urbanización —que contempla más de 4.400 plazas turísticas y residenciales sobre una superficie superior a las 43 hectáreas—, sino que se circunscribe a una franja de 2.394 metros cuadrados. Sobre este terreno, la magistrada Sandra Peraza ordenó el pasado mes de abril la paralización cautelar de diversas dotaciones privadas, entre las que se incluyen piscinas, vestuarios, zonas de restauración y áreas de aparcamiento, al considerar que podrían vulnerar el régimen de protección especial que la Ley de Costas impone en los 100 metros tierra adentro desde la ribera del mar.

Durante su comparecencia, Acosta ha defendido la validez administrativa de su firma, argumentando que el expediente contaba con el respaldo técnico necesario y que el procedimiento se ajustó a la normativa vigente. Esta postura es compartida por el Gobierno de Canarias, que ha manifestado su apoyo al director general, subrayando que la autorización fue el resultado de un proceso reglado tras la solicitud de la promotora, Segunda Casa Adeje SL, y la subsanación de las deficiencias detectadas. Por su parte, la empresa ha recurrido la medida cautelar, restando importancia a la superficie afectada, la cual, según sus estimaciones, representa apenas el 0,5% del total del complejo.

Sin embargo, el Ministerio Fiscal mantiene una tesis divergente. La reapertura de esta causa, impulsada por la Fiscalía y la acusación popular —representada por la Asociación Cultural Social Ecologista Puertito Libre—, busca esclarecer si existieron las circunstancias excepcionales que, bajo criterios legales muy estrictos, permitirían intervenciones en espacios protegidos. La investigación judicial es amplia y abarca posibles delitos de prevaricación, tráfico de influencias, corrupción y falsedad documental.

Este episodio judicial añade una capa de complejidad a un proyecto que ha estado marcado por una intensa contestación social desde sus inicios. El desarrollo de Cuna del Alma ya había sufrido suspensiones previas por parte de la administración autonómica, motivadas en aquella ocasión por la ausencia de estudios de impacto ambiental y por el riesgo de daños sobre el patrimonio arqueológico y especies protegidas, como la Euphorbia atropurpurea (viborina triste). La actual causa, al centrarse en la legalidad de las licencias de ocupación en zona de servidumbre, pone de relieve la tensión constante entre el desarrollo urbanístico de lujo y la preservación del dominio público marítimo-terrestre en el archipiélago.