Conflicto institucional en Canarias por la posible externalización de funciones públicas en la Ley de Biodiversidad
El PSOE de Tenerife y diversos sindicatos han cuestionado el Anteproyecto de Ley de Biodiversidad de Canarias al considerar que la posible delegación de potestades sancionadoras en guardas rurales privados vulnera la reserva de funciones públicas y la seguridad jurídica.
La tramitación del Anteproyecto de Ley de Biodiversidad y de los Recursos Naturales de Canarias ha abierto un frente de conflicto institucional y jurídico, tal y como ha trascendido tras las alegaciones presentadas por el PSOE de Tenerife. La controversia se centra en la posible delegación de potestades públicas en personal ajeno a la Administración, una cuestión que ha movilizado tanto a los socialistas como a la Asociación Profesional de Agentes Forestales y de Medio Ambiente de Canarias (Afmacan) y al Sindicato de Empleados Públicos de Canarias (Sepca).
El núcleo del debate reside en la interpretación de los artículos 117.2 y la disposición adicional decimoprimera del texto normativo. Según el análisis del Grupo Socialista en el Cabildo de Tenerife, estos preceptos otorgarían a los guardas rurales capacidades que exceden las labores de apoyo, permitiendo que sus informes gocen de presunción de veracidad y tengan la consideración de documentos públicos. Para el portavoz socialista, Aarón Afonso, esta configuración jurídica es inasumible, ya que permitiría que trabajadores de empresas privadas iniciaran procedimientos sancionadores, una facultad que, bajo el ordenamiento jurídico español, debe quedar reservada exclusivamente a los funcionarios públicos para garantizar la seguridad jurídica de los ciudadanos.
Esta preocupación se proyecta sobre la gestión del Parque Nacional del Teide, escenario donde el Cabildo ya ha implementado un modelo de externalización. En abril, la institución insular formalizó la contratación de la empresa Segurmáximo para el despliegue de once guardas rurales en puntos estratégicos como La Rambleta y Chipeque. Esta decisión, que fue defendida en su momento por la Hermandad Española de Guardas Rurales bajo el argumento de la habilitación legal de sus profesionales, es vista por el PSOE como un precedente peligroso que el anteproyecto de ley pretende consolidar a escala autonómica.
Desde la perspectiva de la secretaria general del PSOE en Tenerife, Tamara Raya, la estrategia del Ejecutivo regional debería orientarse hacia el refuerzo de las plantillas públicas. Actualmente, el Cabildo dispone de un cuerpo de más de 70 agentes de Medio Ambiente —tras la reciente incorporación de 20 efectivos vinculados a la aprobación del nuevo Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG)—, una cifra que los socialistas consideran insuficiente si no se acompaña de una apuesta decidida por el personal funcionario frente a la contratación externa.
El trasfondo de esta disputa es la naturaleza misma de la vigilancia ambiental. Mientras que la normativa busca dotar de mayor agilidad al control de los espacios naturales ante el incremento de la presión turística y los problemas de movilidad, los críticos advierten de que la externalización de funciones de inspección desvirtúa el ejercicio de la autoridad pública. La exigencia socialista es clara: la supresión de los artículos cuestionados para evitar que la protección del patrimonio natural quede supeditada a modelos de gestión privada, garantizando que cualquier actuación con consecuencias jurídicas para la ciudadanía sea ejecutada por personal con el estatus de funcionario.