El colectivo TEA en Canarias denuncia la falta de ejecución de la Estrategia Española y reclama mejoras en sanidad y educación
Las asociaciones de personas con TEA en Canarias denuncian que la falta de ejecución de la Estrategia Española en Autismo perpetúa graves carencias en los servicios de salud, educación e inserción laboral en el archipiélago.
La brecha entre la planificación normativa y la realidad cotidiana de las personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) en Canarias se ha convertido en el eje central de las reivindicaciones del sector con motivo del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. Tal y como recoge la información difundida por las asociaciones Apanate y Aspercan, el colectivo denuncia que la Estrategia Española en Trastornos del Espectro del Autismo, aprobada hace más de una década y dotada con 40 millones de euros en su plan de acción 2023-2027, permanece en una fase de ejecución insuficiente que lastra el ejercicio de derechos fundamentales en el archipiélago.
El análisis de las entidades pone el foco en la precariedad de los servicios públicos, especialmente en los ámbitos sanitario y educativo. En el terreno de la salud, la escasez de unidades de Atención Temprana y la lentitud en los protocolos de derivación entre especialistas provocan un retraso en el diagnóstico que, según advierten los expertos, resulta determinante para el desarrollo de los pacientes. A esta problemática se suma la falta de capacitación específica del personal sanitario, que a menudo aplica protocolos estandarizados que no contemplan las particularidades comunicativas y sensoriales de las personas con TEA, dificultando tanto la detección precoz como el seguimiento médico adecuado.
En el ámbito académico, la situación no es más halagüeña. Las asociaciones señalan que el sistema educativo canario presenta carencias estructurales en la formación docente, lo que deriva en una falta de adaptación metodológica en las aulas ordinarias. Esta deficiencia obliga a muchas familias a recurrir a centros de educación especial, un modelo que, a diferencia de lo que ocurre en otras regiones del país, sigue teniendo un peso predominante en las islas. La falta de una verdadera inclusión educativa se traduce en una alta tasa de rotación escolar y en una respuesta pedagógica que no logra integrar las necesidades de procesamiento de información propias del alumnado con autismo.
Más allá de la educación y la sanidad, el tejido asociativo subraya la urgencia de abordar la autonomía personal y la inserción laboral. La construcción de recursos residenciales, como el proyecto impulsado por Apanate en La Laguna, representa un avance necesario pero todavía escaso frente a una demanda creciente. Paralelamente, la burocracia administrativa se erige como una barrera infranqueable: la demora en la obtención de los certificados de discapacidad impide que los jóvenes accedan al mercado laboral, dejándolos en una situación de vulnerabilidad prolongada que se agrava en los casos de diagnósticos tardíos.
Finalmente, la esfera del ocio y la participación social sigue siendo un terreno pendiente. Las soluciones implementadas hasta la fecha en eventos públicos son calificadas por las entidades como medidas testimoniales que no garantizan una inclusión real. Ante este escenario, las organizaciones reclaman a los poderes públicos un compromiso firme que trascienda la declaración de intenciones y se traduzca en una implementación efectiva de las líneas de acción estatales, garantizando que los apoyos necesarios prevalezcan sobre los juicios sociales y las barreras institucionales.