La siniestralidad vial en Canarias: el alcohol sigue presente en casi un tercio de los accidentes mortales en 2024
La Guardia Civil de Tráfico registró 6.231 positivos por alcohol en Canarias durante 2024, una cifra que, pese a descender un 6,97%, sigue siendo un factor determinante en el 28% de los accidentes mortales en las islas.
La seguridad vial en el archipiélago canario vuelve a situarse en el centro del debate público ante la proximidad de periodos vacacionales de alta movilidad. Tal y como recogen los datos facilitados por la Guardia Civil de Tráfico, el comportamiento de los automovilistas durante el presente ejercicio arroja una radiografía compleja sobre la siniestralidad y el cumplimiento de las normas de circulación.
El análisis de la actividad sancionadora en las islas durante 2024 revela que un total de 214.825 conductores fueron objeto de expedientes administrativos por diversas infracciones. Dentro de este volumen, destaca una tendencia a la baja en lo relativo a la ingesta de alcohol: se registraron 6.231 positivos, lo que supone un descenso del 6,97% en comparación con las cifras del año anterior. Pese a esta mejora estadística, el impacto del alcohol en la seguridad sigue siendo crítico, al estar presente en el 12% de los accidentes totales y actuar como factor determinante en el 28% de los siniestros con resultado de muerte, sumando 273 episodios trágicos.
Este escenario cobra especial relevancia ante la previsión de más de seis millones de desplazamientos de largo recorrido en el conjunto del territorio nacional durante los próximos puentes festivos. La Dirección General de Tráfico (DGT) insiste en que la única cifra que garantiza la integridad física es la ausencia total de alcohol, recordando que los límites legales se sitúan en 0,25 mg/l en aire espirado para conductores generales y en 0,15 mg/l para profesionales y noveles. Superar el umbral de 0,60 mg/l traslada la infracción al ámbito penal, mientras que la presencia de cualquier sustancia estupefaciente conlleva sanciones automáticas.
Desde el punto de vista administrativo, el marco sancionador vigente clasifica la conducción bajo los efectos de estas sustancias como una falta de carácter muy grave. Los infractores se exponen a penalizaciones económicas que oscilan entre los 500 y los 1.000 euros, además de la detracción de entre cuatro y seis puntos del permiso de conducir. Más allá de la vertiente punitiva, las autoridades subrayan que la vigilancia intensiva en las carreteras canarias busca, ante todo, una labor de concienciación sobre el riesgo compartido que implica ponerse al volante bajo los efectos de sustancias que alteran las capacidades psicofísicas, apelando a la responsabilidad individual como el mecanismo más eficaz para reducir la siniestralidad en las vías.